BUENOS AIRES.- La Central de Trabajadores de Argentina que lidera el docente Hugo
Yaski comunicó hoy que denunciará ante la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) la ola de despidos de empleados estatales bajo el
gobierno del presidente Mauricio Macri.
En declaraciones que divulga el servicio MinutoUno, Yaski planteó que
la CTA está preparando una denuncia que será presentada en la OIT en un
esfuerzo por "intentar enmendar esta injusticia que se está produciendo"
con miles de trabajadores estatales.
El líder de la CTA afirmó este viernes que ya son 12.000 los cesanteados por el gobierno de Macri que está "satanizando al trabajador estatal", y advirtió que serán muchos más "pues esto recién empieza".
Señaló que en cada lugar donde hay despidos ya se pusieron en marcha planes de lucha y la CTA contactará también con la Confederación Sindical de las Américas para pedir que constituya una misión especial en la Argentina para analizar estos despidos.
Yaski precisó que el 98 por ciento de los 12.000 despedidos en estos primeros ocho días del año son trabajadores contratados precarizados. "Quien piense que puede haber 12.000 ñoquis en tres o cuatro dependencias del Estado se equivoca", recalcó.
En el coloquio argentino 'ñoqui' es un contratado que cobra sin trabajar. "Por una cuestión de principio la CTA no defendería jamás a un ñoqui", y remarcó que el gobierno no debe "usar ese pretexto para achicar la planta del personal y extender la ola de despidos".
La ola de cesanteados se está produciendo en distintos niveles del Estado Nacional, en las provincias y en algunos municipios y según Yasky las medidas que se tomaron "son absolutamente injustas y agraviantes para los trabajadores".
"Se intenta satanizar al trabajador estatal como si ya por ser empleado público está bajo la sospecha de ser ñoqui y si es contratado, más. Con eso se intenta confundir a la opinión pública", sostuvo el dirigente sindical.
Insistió en que en la Justicia siempre se parte del principio de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero para este gobierno su criterio es al revés, "todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario".
Yasky planteó esa hipótesis al considerar que la vicepresidenta Gabriela Michetti echó a la calle a 2.035 trabajadores del Senado antes de que se conformara una comisión evaluadora que debía analizar los contratos.
Algo parecido sucedió en el Centro Cultural Kirchner de donde fueron cesados 600 de los 715 empleados sin antes realizar una auditoria.
La CTA está ahora en plena lucha para que el gobierno habilite una comisión de revisión de los casos para ver si los que ya fueron despedidos trabajaban o si en realidad eran ñoquis.
El líder de la CTA afirmó este viernes que ya son 12.000 los cesanteados por el gobierno de Macri que está "satanizando al trabajador estatal", y advirtió que serán muchos más "pues esto recién empieza".
Señaló que en cada lugar donde hay despidos ya se pusieron en marcha planes de lucha y la CTA contactará también con la Confederación Sindical de las Américas para pedir que constituya una misión especial en la Argentina para analizar estos despidos.
Yaski precisó que el 98 por ciento de los 12.000 despedidos en estos primeros ocho días del año son trabajadores contratados precarizados. "Quien piense que puede haber 12.000 ñoquis en tres o cuatro dependencias del Estado se equivoca", recalcó.
En el coloquio argentino 'ñoqui' es un contratado que cobra sin trabajar. "Por una cuestión de principio la CTA no defendería jamás a un ñoqui", y remarcó que el gobierno no debe "usar ese pretexto para achicar la planta del personal y extender la ola de despidos".
La ola de cesanteados se está produciendo en distintos niveles del Estado Nacional, en las provincias y en algunos municipios y según Yasky las medidas que se tomaron "son absolutamente injustas y agraviantes para los trabajadores".
"Se intenta satanizar al trabajador estatal como si ya por ser empleado público está bajo la sospecha de ser ñoqui y si es contratado, más. Con eso se intenta confundir a la opinión pública", sostuvo el dirigente sindical.
Insistió en que en la Justicia siempre se parte del principio de que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero para este gobierno su criterio es al revés, "todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario".
Yasky planteó esa hipótesis al considerar que la vicepresidenta Gabriela Michetti echó a la calle a 2.035 trabajadores del Senado antes de que se conformara una comisión evaluadora que debía analizar los contratos.
Algo parecido sucedió en el Centro Cultural Kirchner de donde fueron cesados 600 de los 715 empleados sin antes realizar una auditoria.
La CTA está ahora en plena lucha para que el gobierno habilite una comisión de revisión de los casos para ver si los que ya fueron despedidos trabajaban o si en realidad eran ñoquis.
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