PANAMÁ.- El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), a cargo del principal proyecto de la ampliación del Canal de Panamá, fue denunciado penalmente ante la Justicia del país por "la posible estafa al Estado" a través de la presentación de reclamos económicos con cifras supuestamente infladas.
La "denuncia penal por fraude contractual y falsedad", fue presentada el jueves ante la
Procuraduría General de la República por el abogado Juan Carlos Arauz,
vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados.
"Pedimos que se investigue la posible estafa al patrimonio del
Estado" debido a que el consorcio ha presentado reclamos económicos "no
justificados", explicó el letrado.
También se pide a la Procuraduría "el aseguramiento de cualquier suma
de dinero, para impedir que el Estado panameño agrave su perjuicio o se
cause una mayor lesión patrimonial", dijo el vicepresidente del gremio
de abogados.
Explicó que lo que pretende la acción penal es activar una
investigación que le "permitirá a Panamá en un momento determinado,
incluso si llegan decisiones de los tribunales arbitrales
(internacionales) que contradigan las investigaciones panameñas, que
pueda invocar su orden público para el no cumplimiento de una decisión
que estaría afectada por falsedad o el engaño en cuanto a los montos
reclamados".
La denuncia penal argumenta que la información pública de la
Autoridad del Canal de Panamá (ACP) indica que la Junta de Resolución de
Conflictos (JRC o DAB por sus siglas en inglés) ha reconocido al GUPC
en "cinco fallos" reclamos económicos por 283,3 millones de dólares,
mientras que el consorcio pedía 803,07 millones de dólares.
El grupo, integrado por Sacyr de España, Salini Impregilo de Italia,
Jan de Nul de Bélgica y CUSA de Panamá, ha presentado sobrecostes "no
justificados que sin lugar a dudas ponen en escenario la posible estafa o
su intento al erario público", indica la denuncia.
El contrato para la construcción del tercer juego de esclusas del
Canal de Panamá, firmado por la ACP y el GUPC en el 2009 por 3.118
millones de dólares, contempla tres instancias para resolver las
reclamaciones económicas: la primera, la propia Administración de la
vía, la segunda, la JRC o DAB, y la tercera y última, el Tribunal de
Arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional.
Arauz señala que quedando aún una instancia a la que puede acudir el
consorcio, el Tribunal de Arbitraje, cabe la posibilidad de que allí se
produzca una decisión que reconozca al GUPC todo el dinero que reclama,
lo que constituiría un "grave perjuicio al Estado panameño".
"Mientras nos mantengamos en el suspenso o la duda de que hay
falsedad (en los reclamos económicos de las empresas) el Estado panameño
puede ser sorprendido en la instancia arbitral", alerta el abogado.
Los reclamos económicos presentados por el GUPC ascienden a entre
3.400 y 3.500 millones de dólares, dijo la semana pasada el
administrador de la ACP, Jorge Quijano, quien sostuvo que el consorcio
tiende a "no reflejar de manera correcta los costos" extraordinarios del
proyecto.
El GUPC por su parte acusa a la ACP de pretender pagar muy por debajo
de su valor real los costes extraordinarios, y de tardarse demasiado en
desembolsar los pagos previstos en el contrato, lo que, ha dicho el
consorcio, podría retrasar hasta seis meses la inauguración de la obra,
que debió estar lista en octubre de 2014.
La inauguración de la ampliación tendrá lugar "alrededor de mayo",
dijo la semana pasada el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, quien
pidió al contratista entablar "un diálogo" con la ACP "que permita
concluir las obras y dejar los reclamos legales en manos de las
instancias competentes".
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