BUENOS AIRES.- El gobierno de Mauricio Macri busca un arreglo con los fondos buitre,
pero cualquier pacto no solo dependerá del aval del juzgado neoyorquino
del magistrado Thomas Griesa, sino también del Congreso argentino.
Tras el primer encuentro con los representantes de esos grupos de
capitales el miércoles en Nueva York, el secretario de Finanzas, Luis
Caputo, anunció anoche que Argentina les presentará una propuesta la
semana próxima.
Lo declaró al salir de la reunión que mantuvo en el despacho de Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Griesa.
Con anterioridad, el titular de Hacienda, Alfonso Prat Gay, opinó que fue un verso que con pelearse con los fondos buitre se le hacía un favor a los argentinos. "Este es un gobierno que va a enfrentar todas las facturas, en tiempo y forma", expresó en conferencia de prensa la víspera.
En su opinión, no haber arreglado con esos grupos especuladores desde un principio ha sido extremadamente caro para el país. "Queremos resolver esta herencia que nos ahoga, para que la Argentina vuelva a crecer de manera sostenida. Es es el objetivo", dijo el ministro.
Pero para que la administración Macri pueda implementar el pacto que selle con los "holdouts" deberá tener la aprobación de la casa legislativa de la intersección porteña de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia.
Y además de conseguir el aval de las dos cámaras del parlamento, el ejecutivo deberá conciliar con ellas enmiendas a dos legislaciones hoy en vigor, señala el analista Tomás Lukin.
El principal desafío para clausurar definitivamente la disputa con los fondos buitre y rehabilitar el canal de financiamiento externo como pretende el gobierno argentino no está en Nueva York, sino en Buenos Aires, afirma Lukin al comentar el asunto para Página 12.
En la Gran Manzana el nuevo equipo económico retomó el miércoles las negociaciones con una porción del 7,6 por ciento de los tenedores de bonos que rechazaron los acuerdos de reestructuración en los pagos.
Ellos son los litigantes originales, entre estos los más agresivos NML y Aurelius, a los que se sumaron los llamados "me too" (yo también), fondos más pequeños que plantean tener el mismo trato que los dos grandes mencionados. En total exigen pagos por casi 10.000 millones de dólares.
Para avanzar en el Congreso es fundamental modificar (o derogar) la llamada Ley Cerrojo que impide pagarles a bonistas que rechazaron los canjes cantidades superiores a las acordadas con los acreedores que sí entraron en los acuerdos de 2005 y 2010, y la más reciente Ley de Pago Soberano.
Esa última entre otras estipulaciones plantea el pago a través del Banco Central de la República en Buenos Aires, en vez de en Nueva York.
Esos cambios son condición necesaria para poner en marcha cualquier acuerdo que les brinde a los fondos buitre un tratamiento más ventajoso que al 92,4 por ciento de los inversores que participaron de la reestructuración de la deuda.
Lukin señaló que el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, ya comenzaron a conversar con gobernadores, diputados y senadores sobre el espinoso tema.
El objetivo es garantizarle al Gobierno las adhesiones necesarias de las diferentes expresiones del peronismo que le permitan aprobar ese y otros proyectos. Toda propuesta económica será presentada en marzo cuando comiencen las sesiones parlamentarias ordinarias.
O sea, Macri deberá contar con el Congreso argentino para cualquier pacto con los grupos especuladores, u optar por firmar un decreto -o varios- como ha venido haciendo para ordenar políticas sin el consentimiento de la casa legislativa.
Lo declaró al salir de la reunión que mantuvo en el despacho de Daniel Pollack, el mediador designado por el juez Griesa.
Con anterioridad, el titular de Hacienda, Alfonso Prat Gay, opinó que fue un verso que con pelearse con los fondos buitre se le hacía un favor a los argentinos. "Este es un gobierno que va a enfrentar todas las facturas, en tiempo y forma", expresó en conferencia de prensa la víspera.
En su opinión, no haber arreglado con esos grupos especuladores desde un principio ha sido extremadamente caro para el país. "Queremos resolver esta herencia que nos ahoga, para que la Argentina vuelva a crecer de manera sostenida. Es es el objetivo", dijo el ministro.
Pero para que la administración Macri pueda implementar el pacto que selle con los "holdouts" deberá tener la aprobación de la casa legislativa de la intersección porteña de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia.
Y además de conseguir el aval de las dos cámaras del parlamento, el ejecutivo deberá conciliar con ellas enmiendas a dos legislaciones hoy en vigor, señala el analista Tomás Lukin.
El principal desafío para clausurar definitivamente la disputa con los fondos buitre y rehabilitar el canal de financiamiento externo como pretende el gobierno argentino no está en Nueva York, sino en Buenos Aires, afirma Lukin al comentar el asunto para Página 12.
En la Gran Manzana el nuevo equipo económico retomó el miércoles las negociaciones con una porción del 7,6 por ciento de los tenedores de bonos que rechazaron los acuerdos de reestructuración en los pagos.
Ellos son los litigantes originales, entre estos los más agresivos NML y Aurelius, a los que se sumaron los llamados "me too" (yo también), fondos más pequeños que plantean tener el mismo trato que los dos grandes mencionados. En total exigen pagos por casi 10.000 millones de dólares.
Para avanzar en el Congreso es fundamental modificar (o derogar) la llamada Ley Cerrojo que impide pagarles a bonistas que rechazaron los canjes cantidades superiores a las acordadas con los acreedores que sí entraron en los acuerdos de 2005 y 2010, y la más reciente Ley de Pago Soberano.
Esa última entre otras estipulaciones plantea el pago a través del Banco Central de la República en Buenos Aires, en vez de en Nueva York.
Esos cambios son condición necesaria para poner en marcha cualquier acuerdo que les brinde a los fondos buitre un tratamiento más ventajoso que al 92,4 por ciento de los inversores que participaron de la reestructuración de la deuda.
Lukin señaló que el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y el ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, ya comenzaron a conversar con gobernadores, diputados y senadores sobre el espinoso tema.
El objetivo es garantizarle al Gobierno las adhesiones necesarias de las diferentes expresiones del peronismo que le permitan aprobar ese y otros proyectos. Toda propuesta económica será presentada en marzo cuando comiencen las sesiones parlamentarias ordinarias.
O sea, Macri deberá contar con el Congreso argentino para cualquier pacto con los grupos especuladores, u optar por firmar un decreto -o varios- como ha venido haciendo para ordenar políticas sin el consentimiento de la casa legislativa.
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