SANTIAGO.- Más de 100
organizaciones agrupadas en la plataforma "Chile mejor sin TPP"
denunciaron que la presidenta Michelle Bachelet violará un
convenio de derechos humanos cuando rubrique con su firma el
Tratado TransPacífico, el próximo 4 de febrero en Nueva Zelanda.
Se trata del convenio 169 sobre derechos de los pueblos originarios que exigen una consulta previa antes de la firma de acuerdos y tratados internacionales de libre comercio e inversión.
Paulina Acevedo, Coordinadora de Comunicaciones del Observatorio Ciudadano y portavoz del movimiento, señaló que "el Acuerdo Transpacífico, dada la gran cantidad de materias que regula, es especialmente nocivo y en caso de implementación generará afectaciones graves en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, tanto respecto de sus territorios como de sus derechos culturales".
La activista fustigó el secretismo en que se mantuvieron durante cinco años las negociaciones por parte de los 12 estados de la cuenca del Asia Pacífico: Estados Unidos, Canadá México, Perú, Japón, Singapur, Brunei, Malasia, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda y Chile. Apuntó que en el caso de Chile "resulta innecesario e inoficioso suscribir un tratado de alto riesgo para la soberanía y los derechos humanos de las personas" en circunstancias que "Chile ha firmado acuerdos bilaterales y multilaterales con los restantes 11 países".
La población del bloque suma más de 800 millones de personas,
lo que corresponde al 11% de la totalidad del planeta. Desde la
perspectiva económica, compromete a un 40% del Producto Interno
Bruto mundial.
Llamó la atención de que el acuerdo implicará modificar leyes
y normativa interna, toda vez que el tribunal abocado a la
resolución de conflictos está por sobre la legislación local.
Además, "durante su paso por el Congreso para su
ratificación, la última etapa antes de que sea adoptado, los
parlamentarios no pueden modificar una coma del texto,
limitándose a su aprobación o rechazo", añadió.
Asimismo, señaló que los mecanismos que impone el TPP a las
patentes y registros sanitarios de medicamentos, tanto
innovadores como similares, "fortalece los monopolios de las
empresas farmacéuticas transnacionales".
En particular, prosiguió Acevedo, los productos biológicos
(para enfermedades autoinmunes y cánceres) "serán sometidos a un
mecanismo que establece ocho años de exclusividad de mercado, y
no cinco como afirma el gobierno chileno".
Para la activista, eso retrasará varios años la disminución
de precio mediante la entrada de genéricos a la competencia y
aumentará el costo que deberán mantener los sistemas de salud.
Mencionó también que el TPP exige a Chile ratificar el
Convenio UPOV91, versión internacional de la Ley Monsanto de
privatización de la semilla.
Acevedo, quien ha participado en las reuniones con el
gobierno para aclarar las 6.000 páginas del desconocido texto,
afirmó que la Dirección de Relaciones Económicas de la
cancillería "no ha podido demostrar los supuestos beneficios de
este tratado, más aún ha negociado su texto sin realizar o
encargar informes específicos con este propósito, limitándose a
utilizar los proporcionados por Estados Unidos".
Para la coordinadora del Observatorio Ciudadano, "más allá de
sus implicancias comerciales y fines liberales, el TPP posee
injerencia en ámbitos tan disímiles como la silvicultura,
medidas sanitarias, medioambiente, telecomunicaciones o
farmacéutica, siempre con miras a la protección de empresas
multinacionales".
"Para nosotros, la puesta en marcha del TPP obedece a un fin
específico: la intención de Estados Unidos por detener el avance
de la economía china", sentenció y observó que "más mercado no
es más beneficios sino, por el contrario, más precarizaci9òn de
la calidad de vida de los ciudadanos".
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