MADRID.- España es el país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad desde el inicio de la crisis,
tan solo por detrás de Chipre y superando hasta en catorce veces a
Grecia, según el informe "Una economía al servicio del 1 %" que ha
publicado Oxfam Intermon.
La ONG asegura que la pobreza y la
exclusión en España han aumentado "de manera alarmante" en los últimos
años, con 13,4 millones de personas en riesgo de exclusión en el año
2014 (el 29,2 % de la población española).
La distancia entre
ricos y pobres ha crecido y en 2015 el 1 % de la población concentró
tanta riqueza como el 80 % de los más desfavorecidos.
"La fortuna de sólo veinte personas en España alcanza un total de 115.100 millones de euros", explica el informe.
En
este sentido, España es el segundo país de la Unión Europea en el que
más ha crecido la distancia entre rentas altas y bajas, sólo por detrás
de Estonia, y entre 2007 y 2014 el salario medio español se desplomó un
22,2 %.
Además, según los datos de la OCDE, los hogares más
desfavorecidos son los que han sufrido una mayor caída de los ingresos
durante la crisis, y el salario de los más ricos es 18 veces superior al del 10 % más pobre.
Por
otra parte, el informe denuncia que la reforma fiscal que entró en
vigor en España el 1 de enero del año pasado es "una herramienta para
garantizar privilegios a unos pocos", lo que ha dado como resultado que
España siga teniendo una de las presiones fiscales más bajas de toda
Europa.
No se ha conseguido remediar que 17 de las 35 empresas del
Ibex 35 no pague el impuesto de sociedades en España ni que la
inversión hacia la Unión Europea cayera un 15 % en 2015 y la inversión
en paraísos fiscales creciera un 2000 %.
Oxfam Intermón ha
presentado estos datos de cara al Foro Económico Mundial (WEF) que se
celebrará en Davos (Suiza) del 20 al 23 de enero y en el que exige que
se trabaje por "sociedades más redistributivas y con un claro esfuerzo
hacia la justicia social".
Para ello, la ONG pide al futuro gobierno de España que se posicione como ejemplo
y en los primeros cien días de legislatura ponga en marcha una ley
contra la evasión fiscal con medidas más efectivas y mayor control, que
combata la opacidad y la impunidad de los grandes evasores.
Así como medidas sociales que garanticen, entre otras, unos ingresos mínimos a todos los hogares, incrementar el salario mínimo a 1.000 euros, reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y promover la recuperación del 0,4 % de ayuda al desarrollo internacional.
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