LISBOA.- Portugal ha vuelto a
colocarse esta semana en el radar de las principales agencias de
"rating" que, en bloque, expresaron sus dudas por las optimistas
previsiones económicas de su nuevo Gobierno, pero también por su
política anti-austeridad.
El acuerdo alcanzado por los socialistas con el resto de fuerzas de
izquierda para llegar al Ejecutivo, basado en la retirada de ajustes y
recortes durante esta legislatura, es mirado con recelo por Fitch,
Moody's, Standard & Poor's e incluso por la canadiense DBRS, la
única de todas ellas que no califica la deuda soberana del país como
"bono basura".
Este detalle es crucial para Portugal, ya que si esta última agencia
decidiera rebajar su nota, no reuniría los requisitos necesarios para
"aprovecharse" de las compras de deuda del Banco Central Europeo (BCE).
Actualmente, Fráncfort exige estar por encima del "bono basura" en
por lo menos una de estas cuatro agencias para formar parte de su
programa, lo que hace a Lisboa dependiente de la firma canadiense.
El riesgo de quedarse fuera de estas compras -tal y como le ocurre a
Grecia- parece ser una posibilidad, a tenor de las últimas declaraciones
de los analistas de la DRBS, que en un comentario enviado a medios
lusos reconocen estar pendientes del país para "evaluar si debe haber o
no cualquier ajuste en los 'rating'".
De hecho, ya advirtieron de la existencia de "un desacuerdo con la
Comisión Europea que puede poner en cuestión el compromiso del Gobierno
portugués con las reglas presupuestarias comunitarias".
No obstante, la agencia no deberá pronunciarse sobre su nota a
Portugal hasta finales de abril, lo que da 3 meses de margen al
Ejecutivo.
Diferentes analistas y especialistas lusos inciden en el importante
papel jugado por el BCE para que Portugal disfrute ahora de una época de
bajas tasas de interés.
La primera agencia en "abrir fuego" contra el país fue Fitch, que en
una nota pública tachó el pasado martes de "irreales" sus estimaciones
económicas de cara a 2016.
Sus analistas incidieron en que una "relajación en el ahorro
presupuestario" sería negativa para Lisboa, por lo que no se descarta la
opción de rebajar todavía más su calificación actual.
En el centro de la cuestión se encuentra el borrador enviado a
Bruselas de los Presupuestos para 2016 -no fueron aprobados el pasado
año por las elecciones legislativas, realizadas en octubre-, que apunta a
una subida del PIB del 2,1 %, una caída del paro hasta el 11,2 % y un
déficit del 2,6 %.
Desde Moody's desconfían de estos cálculos y continúan pronosticando
un crecimiento próximo al 1,6 %, además de cuestionar una "estrategia
económica centrada en el consumo privado y en el aumento de los
salarios".
Sus analistas, en declaraciones al periódico luso "Diário Económico",
alertaron contra el "regreso a los antiguos desequilibrios" que exhibía
Portugal en el pasado, entre ellos, su falta de competitividad.
También Standard & Poor's utilizó argumentos similares y especuló
incluso con la necesidad de "medidas adicionales para reducir el
déficit para cumplir sus metas" en caso de que sus previsiones
económicas no se cumplan.
Además de las agencias de "rating", la propia CE sembró dudas al
anunciar el envío de expertos a Lisboa para aclarar junto al Gobierno
luso varios puntos sobre su plan presupuestario de 2016.
En este contexto de fuerte presión, la oposición conservadora volvió a
cargar contra los socialistas por presentar hasta el momento "medidas
que aumentan el gasto y reducen los ingresos" sin explicar "cómo se va a
compensar" la diferencia.
En el extremo contrario se sitúan tanto el Bloque de Izquierda
-hermanado con Podemos y Syriza en la UE- como el Partido Comunista y
Los Verdes, aliados del Gobierno portugués y que exigen la rápida
reversión de la austeridad.
"Hay una mayoría en el Parlamento que apoya al Gobierno con coraje
para hacer frente a Bruselas", subrayó la líder del Bloque, Catarina
Martins, quien también acusó a la CE de intentar "asaltar el país" con
sus exigencias.
Una huelga convocada por los trabajadores de la administración
central cerró la que fue calificada por medios lusos como semana
"horribilis" para el primer ministro, António Costa, obligado a hacer
equilibrios para cumplir con sus socios, tanto nacionales como
extranjeros.
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