BRUSELAS.- La Unión Europea y Canadá han
completado la revisión legal del acuerdo comercial y económico que
alcanzaron a finales de 2014, conocido como CETA, en el que han incluido
un nuevo sistema de resolución de conflictos entre inversores y Estados
similar a la propuesta que la UE ha presentado a Estados Unidos en las
negociaciones del TTIP.
"Tras la revisión legal del texto, el acuerdo alcanzado ahora va
incluso más lejos. Todos los principales elementos del nuevo enfoque de
la UE sobre inversión, como incluye en la propuesta de la Unión en el
TTIP y en el recientemente concluido acuerdo comercial con Vietnam, han
sido recogidas en el texto finalizado del CETA", asegura un comunicado
del Ejecutivo comunitario.
En concreto, el CETA establece un Tribunal permanente de quince
miembros que serán competentes para atender las quejas ante posibles
violaciones de los estándares de protección de inversiones del acuerdo.
Estos miembros serán nombrados por la UE y Canadá y se les exigirá una
alta cualificación y la ausencia de "reproches éticos". Así, cada caso
particular será tratado por grupos formados por tres de estos miembros.
Además, el Ejecutivo comunitario ha afirmado que el acuerdo
incluye un nuevo artículo que garantiza que el derecho a regular está
"totalmente asegurado" y que las disposiciones para la protección de
inversiones no deben ser interpretadas como un compromiso de los
gobiernos para que los marcos legales permanezcan inalterados.
"Esto clarifica que una medida que pueda afectar a una inversión o
a las expectativas de beneficios de un inversor no es incompatible con
el acuerdo por esta única razón", explica la Comisión Europea.
Asimismo, la UE y Canadá se han comprometido para trabajar para
establecer un tribunal permanente y multilateral sobre inversiones que
sustituya el mecanismo bilateral que está recogido en el acuerdo.
Por otro lado, el acuerdo actualizado entre ambas partes
especifica la entrada en vigor del tribunal de apelación, que ya estaba
previsto en el pacto original.
El grupo parlamentario en la Eurocámara Izquierda Unitaria Europea
(GUE) ha reaccionado al nuevo sistema de resolución de disputas
Inversor-Estado y, aunque reconoce que incluye elementos que hacen al
mecanismo más transparente, asegura que los principales elementos del
antiguo sistema de arbitraje de diferencias (ISDS en sus siglas en
inglés).
"Los principios básicos permanecen: las compañías pueden demandar a
los Gobiernos si ven amenazadas sus previsiones de beneficios por una
nueva ley y, para este fin, ofrecen una senda legal paralela a través de
un tribunal que no está vinculado por ninguno de los sistemas legales y
constitucionales de los 29 Estados que participan en el CETA", ha
criticado el eurodiputado Helmut Scholz, coordinador de política
comercial de la formación en un comunicado.
En contra, Bruselas defiende que el nuevo tribunal representa una
"clara ruptura" con respecto al enfoque del ISDS y "demuestra la
determinación compartida de la UE y Canadá para reemplazar el actual
sistema ISDS por un nuevo mecanismo de disputas que se mueva hacia
establecer un tribunal multilateral permanente".
"Estoy muy contenta con esto", ha asegurado en rueda de prensa la
comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, quien ha subrayado que este
acuerdo es un símbolo que muestra que es posible cooperar y escuchar las
preocupaciones de la sociedad. Así, ha destacado que el CETA es un
"buen acuerdo" que ofrece a las firmas europeas mejores condiciones de
negocio y un mayor acceso a la contratación pública, entre otras
cuestiones.
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