BERNA.- Suiza votó este domingo en contra de una Justicia expeditiva que permita expulsar a los extranjeros sin un proceso judicial aunque hayan delinquido.
La propuesta del Partido Popular Suizo (SVP), formación populista y
nacionalista, fue rechazada por un 56,7 por ciento de los ciudadanos
contra el 43,3 por ciento a favor, aunque en cantones como Zúrich y
Ginebra el rechazo fue muy superior al 60 por ciento.
La
participación ha superado el 40 por ciento debido al protagonismo del
asunto en la agenda política. El partido mayoritario en el Parlamento,
UDC-SVP, ha convertido la restricción a la entrada de más extranjeros en
el país en su principal objetivo electoral.
El
resultado de este referéndum conduce a un endurecimiento de la ley de
extranjería que facilitará la expulsión de los extranjeros que hayan
cometido delitos, incluso menores, tal y cómo quedó establecido en un
referéndum celebrado en 2010, pero introducirá un matiz aportado por el
Parlamento helvético que obligará a tener en cuenta la opinión de un
juez y que no eliminará la evaluación individual en los casos concretos en los que se sopese la expulsión.
Entre los delitos que ameritan la expulsión está el abuso de las ayudas sociales. La reforma afecta al 25 por ciento de la población, que no tiene nacionalidad suiza. E incluía la expulsión incluso por casos de faltas menores como el exceso de velocidad en la carretera dos o más veces durante 10 años.
En la consulta popular de hoy también se ha preguntado a los suizos si otros delitos
de grado inferior como las peleas, el blanqueo de dinero, la exposición
indecente o dar falso testimonio deben ser castigadas con mano dura, lo que habría supuesto la expulsión anual de más de 10.000 personas.
La dureza de la propuesta ha desatado la polémica y generado en las últimas semanas un fuerte movimiento social en contra que ha terminado siendo decisivo en las urnas.
Desde el ejecutivo se ha insistido en que la propuesta del SVP es
"inhumana" y que degradaría a la población extranjera del país, un 24%
de la población, a un estatus de segunda clase.
En 2010, los helvéticos ya aprobaron en otro referéndum,
seña identitaria de su democracia participativa, deportar a los
extranjeros residentes en el país culpables de cometer crímenes
violentos y sexuales de primer nivel como el asesinato, la violación o
el tráfico de drogas. A pesar de que la medida, también impulsada por la
derecha, fue aprobada con el 52,9% de los votos, el Parlamento
introdujo una cláusula que permitía a los jueces evitar la expulsión en
casos concretos.
Fuera de la Unión Europea y del espacio Schengen de
libre circulación, Suiza vive más de lejos la profunda división que
reina en Bruselas pero no del flujo migratorio que también ha llegado a
su territorio. Durante el 2015, hasta 45.000 refugiados llegaron al país helvético.
Desde que el euroescéptico e islamófobo SVP ganó las elecciones parlamentarias del pasado octubre, Suiza ha endurecido sus medidas contra los refugiados y ha reforzado la seguridad del país.
Como ya han hecho otros estados como Dinamarca, el país transalpino también confisca a los refugiados aquellos objetos que tengan un valor superior a los 875 euros para contribuir a costear su adaptación al país y a su acomodado sistema social. A pesar de las denuncias de los grupos de ayuda a los refugiados, las autoridades han asegurado que esta medida solo se ha aplicado en 112 casos.
Como ya han hecho otros estados como Dinamarca, el país transalpino también confisca a los refugiados aquellos objetos que tengan un valor superior a los 875 euros para contribuir a costear su adaptación al país y a su acomodado sistema social. A pesar de las denuncias de los grupos de ayuda a los refugiados, las autoridades han asegurado que esta medida solo se ha aplicado en 112 casos.
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