PARÍS.- Nueve sindicatos franceses se unieron contra un proyecto de reforma
laboral -impulsado por el gobierno- por considerar que va en detrimento
de los derechos de los trabajadores.
Por ello, tras un encuentro realizado anoche, acordaron intercambiar
nuevamente la semana próxima para profundizar sus análisis sobre ese
plan gubernamental, precisaron en un comunicado divulgado hoy.
Hasta el momento, no acordaron las modificaciones a efectuar al texto y tampoco decidieron sobre una acción colectiva concreta para protestar.
Sin embargo, la única manera de hacer retroceder ese plan gubernamental será saliendo masivamente a las calles, dijo a medios de prensa Jean-Pierre Mercier, de la CGT, la principal organización sindical del país.
La CGT llamó la semana pasada a una respuesta fuerte y unida del mundo del trabajo ante el mencionado proyecto.
Según la organización, si fuera adoptado, ese plan constituiría un retroceso histórico de los derechos de los empleados, al apuntar que ofrece una libertad total al empresariado.
Toma en cuenta los intereses financieros del empresariado y de los accionistas, por encima de la protección de los empleados, enfatizó.
Mediante un comunicado, diputados del Frente de Izquierda remarcaron que el texto es un proyecto de erradicación del derecho laboral. Contiene ataques sin precedentes contra el tiempo de trabajo, los salarios y las indemnizaciones por despido, señalaron.
De acuerdo con la información divulgada, contempla una mayor flexibilidad del código y el mercado de trabajo. Por ejemplo, la organización del tiempo de trabajo o la remuneración de las horas extraordinarias, hasta ahora enmarcadas por la ley, serán decididas por acuerdos de empresa.
También prevé facilitar los despidos por motivos económicos y poner topes a las indemnizaciones por despido otorgadas por los tribunales laborales.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, en entrevista con el diario Les Echos, expresó que con esa iniciativa el gobierno quiere hacer avanzar al país a través del diálogo social, garantizar más derechos reales, hacer a las empresas más competitivas, desarrollar y preservar el empleo.
El documento será presentado el 9 de marzo al Consejo de Ministros. Posteriormente debe comenzar su examen en el Parlamento en un contexto de persistentes dificultades laborales y una tasa de desempleo que supera el 10 por ciento.
Hasta el momento, no acordaron las modificaciones a efectuar al texto y tampoco decidieron sobre una acción colectiva concreta para protestar.
Sin embargo, la única manera de hacer retroceder ese plan gubernamental será saliendo masivamente a las calles, dijo a medios de prensa Jean-Pierre Mercier, de la CGT, la principal organización sindical del país.
La CGT llamó la semana pasada a una respuesta fuerte y unida del mundo del trabajo ante el mencionado proyecto.
Según la organización, si fuera adoptado, ese plan constituiría un retroceso histórico de los derechos de los empleados, al apuntar que ofrece una libertad total al empresariado.
Toma en cuenta los intereses financieros del empresariado y de los accionistas, por encima de la protección de los empleados, enfatizó.
Mediante un comunicado, diputados del Frente de Izquierda remarcaron que el texto es un proyecto de erradicación del derecho laboral. Contiene ataques sin precedentes contra el tiempo de trabajo, los salarios y las indemnizaciones por despido, señalaron.
De acuerdo con la información divulgada, contempla una mayor flexibilidad del código y el mercado de trabajo. Por ejemplo, la organización del tiempo de trabajo o la remuneración de las horas extraordinarias, hasta ahora enmarcadas por la ley, serán decididas por acuerdos de empresa.
También prevé facilitar los despidos por motivos económicos y poner topes a las indemnizaciones por despido otorgadas por los tribunales laborales.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, en entrevista con el diario Les Echos, expresó que con esa iniciativa el gobierno quiere hacer avanzar al país a través del diálogo social, garantizar más derechos reales, hacer a las empresas más competitivas, desarrollar y preservar el empleo.
El documento será presentado el 9 de marzo al Consejo de Ministros. Posteriormente debe comenzar su examen en el Parlamento en un contexto de persistentes dificultades laborales y una tasa de desempleo que supera el 10 por ciento.
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