ATENAS.- Mientras Grecia
atraviesa el sexto año de crisis y el Estado continúa bajo asfixia
financiera, el Gobierno se ha comprometido a una tarea que se asemeja
imposible: reformar el sistema de la seguridad social y hacerlo
sostenible, todo ello sin aplicar un tijeretazo a las pensiones
principales.
Con el desempleo en el 25 % y una economía que ha caído el 25 % en
los últimos años y un desequilibrio dramático entre población activa y
jubilados -por cada pensionista tan solo hay 1,7 trabajadores- el
sistema de pensiones se encuentra prácticamente colapsado.
Grecia gasta para las pensiones más del 16 % de su producto interior
bruto (PIB) -la media europea es del 15,5 %-, un porcentaje que se ha
disparado como consecuencia de la crisis y del aumento del desempleo. En
2009, este porcentaje todavía era del 11,7 %.
La propuesta de reforma que el Gobierno todavía está negociando con
los acreedores contempla el incremento de la edad de jubilación de 65 a
67 años, la unificación de las 13 cajas de pensiones en una y la
introducción de normas de cotización uniformes del 26,95 % de los
ingresos imponibles para todos los colectivos.
El Gobierno de Alexis Tsipras ha dado prioridad a mejorar la parte de
los ingresos y evitar tocar el gasto (tan solo las pensiones futuras y
las suplementarias sufrirán recortes).
Su principal argumento es que una nueva reducción de las pensiones agravaría la crisis humanitaria en el país.
Su punto de vista lo apoya un estudio del instituto de estudios
económicos IME, según el que en 2015 las pensiones constituían para el
51,8 % de los hogares la fuente principal de ingresos.
Sumando el conjunto de todas las medidas, que entre otros incluyen
también el aumento de las contribuciones de los jubilados al seguro de
enfermedad, el objetivo al que se ha comprometido Tsipras con los
acreedores al firmar el tercer rescate es ahorrar un 1 % anual del
producto interior bruto, lo que quiere conseguir fundamentalmente a
través del incremento de las cotizaciones.
Hasta ahora los acreedores se han mostrado recelosos de que estas
recetas sean suficientes, sobre todo si se tiene en cuenta que tan solo
en las dos principales cajas de la seguridad social (la de los
asalariados IKA y la de autónomos OAEE) el déficit suma ya 1.540
millones de euros.
Para Savvas Robolis, catedrático emérito de finanzas laborales, uno
de los principales problemas del proyecto gubernamental es que mira tan
solo resolver problemas a corto plazo.
"El único objetivo de la propuesta es cubrir el déficit de las cajas
este año. ¿Que harán con los agujeros de los próximos años? Esta es la
misma lógica que se aplicó en los últimos años y que provocó once
reducciones de pensiones desde 2010", señala Robolis en declaraciones a
Efe.
"Las reservas actuales de las cajas tan solo alcanzan para pagar las pensiones durante seis meses", añade.
El ministro de Trabajo, Yorgos Katrúgalos, ha admitido que su propuesta intenta resolver ante todo problemas urgentes.
"Con un 25 % de paro ningún sistema de pensiones puede ser
sostenible", ha recalcado repetidamente Katrúgalos, quien al igual que
otros miembros del Gobierno insiste en que Grecia solo saldrá de la
crisis si logra generar crecimiento y empleo.
Los acreedores no parecen satisfechos con la idea de aumentar en un
1,5 % las cotizaciones (0,5 % para el trabajador y un 1 % para los
patronos), pues consideran que es una medida que estrangula toda
posibilidad de generar crecimiento.
Este aumento afecta a los asalariados y ha provocado poca protesta
interna, ni siquiera de los patronos, quienes -al contrario- la han
apoyado por considerar que el incremento de las cotizaciones es el "mal
menor".
El problema surge sobre todo de la propuesta de equiparar el nivel de cotizaciones de asalariados, autónomos y agricultores.
Entre estos dos últimos colectivos se ha desatado una verdadera
tormenta de protestas, sobre todo entre los que tienen ingresos medios y
altos, que verán aumentadas sus cotizaciones en hasta un 300 %.
El Gobierno argumenta que con su propuesta se aliviará "la carga de
cotizaciones injustas y excesivas" para el 80 % de los autónomos, que
declaran ingresos anuales por debajo de 10.000 euros.
Varios analistas estiman que el incremento de las cotizaciones a los
autónomos con ingresos medios tendrá un impacto nefasto e inmediato
sobre el consumo, potenciará la recesión e incentivará la evasión
fiscal.
Robolis considera que mientras Grecia no logre un crecimiento de
entre el 1 % y 1,5 % hasta 2028, no hay reforma sostenible posible.
La población no recurre a estas cifras, pero comparte el análisis.
Después de seis años de continuos recortes que han llevado a que la
pensión se convierta en el principal sustento de la mayoría de las
familias y de constantes aumentos de la presión fiscal, los ciudadanos
sienten que no puede afrontar ni una subida más.
La respuesta se vive ahora en la calle, donde las protestas se
asemejan a las vividas en 2012, cuando Grecia llevaba dos años en crisis
y firmaba el segundo rescate.
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