LISBOA.- El Fondo Monetario
Internacional (FMI) puso en duda las optimistas previsiones económicas
que maneja el Gobierno portugués, al que advirtió de los riesgos de
dejar de aplicar reformas y le advirtió del "escaso margen" con el que
cuenta.
Así figura en un documento divulgado hoy por el organismo con sede en
Washington, en el que se presentan las conclusiones extraídas por sus
técnicos tras realizar junto a la Comisión Europea y el Banco Central
Europeo la tercera inspección al país desde que cerrara con éxito su
rescate financiero, en 2014.
Durante esta última visita, que se desarrolló entre el 27 de enero y
el 3 de febrero, representantes de las tres instituciones se reunieron
con las principales autoridades políticas y empresariales lusas para
evaluar sus progresos en calidad de acreedores.
Para el FMI, la relajación "del ímpetu reformador (en Portugal)
podría perjudicar las proyecciones a medio plazo en términos de
crecimiento, empleo e ingresos", y en su opinión el borrador de
Presupuestos para 2016 "implica un debilitamiento de la posición
fiscal".
De hecho, sus previsiones económicas para este año rebajan
sustancialmente las estimativas del Gobierno, ya que sus técnicos
calculan una subida del PIB del 1,4 % y el Ejecutivo luso espera un
aumento del 2,1 %.
También existen sensibles divergencias a la hora de pronosticar cuál
será el déficit público a final del ejercicio, y mientras el FMI apunta a
un 3,2 % del PIB, el Gobierno lo limita al 2,6 %.
Después de tres años de recuperación económica, "las perspectivas de
crecimiento continúan limitadas por los altos niveles de endeudamiento"
público, reza el documento, en el que los técnicos consideran que esta
situación "deja un escaso margen a la relajación" a nivel fiscal.
"Hacen falta más reformas todavía", insisten desde el organismo
dirigido por Christine Lagarde, cuyas conclusiones cuestionan algunas de
las bases en que se asientan los Presupuestos elaborados por el nuevo
Ejecutivo luso, de signo socialista y en funciones desde finales de
noviembre.
Concretamente, alertan de los "riesgos fiscales" derivados de la
reposición de las 35 horas semanales en el sector público y la
cancelación de varias privatizaciones en el área de los transportes.
Éstas son dos de las primeras medidas aprobadas por el Gobierno
liderado por el primer ministro António Costa, que llegó al poder
gracias a un acuerdo inédito alcanzado con el resto de las fuerzas de
izquierdas basado en revertir la austeridad implementada en la anterior
legislatura.
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