LISBOA.- La estrategia
presupuestaria del nuevo Gobierno portugués, asentada en unas optimistas
previsiones económicas y en la reversión gradual de algunas medidas de
austeridad, es vista con recelo por Bruselas, que advierte de los
riesgos que implica para el país.
En un comunicado divulgado hoy en Lisboa, la Comisión Europea (CE) y
el Banco Central Europeo (BCE) subrayaron que este cambio de política
"aumentó las necesidades brutas de financiación" del Estado luso en un
momento en el que los mercados están "más volátiles".
También destacaron "el impacto en la competitividad y los potenciales
riesgos presupuestarios de la reversión de algunas privatizaciones y
concesiones de transportes urbanos" en Lisboa y Oporto, en referencia a
la que fue una de las primeras medidas aprobadas por el nuevo Ejecutivo,
de signo socialista.
El documento reúne las conclusiones de los técnicos de ambos
organismos tras realizar junto al Fondo Monetario Internacional la
tercera inspección al país desde que cerrara con éxito su rescate
financiero, en 2014.
Durante esta última visita, que se desarrolló entre el 27 de enero y
el 3 de febrero, representantes de las tres instituciones se reunieron
con las principales autoridades políticas y empresariales lusas para
evaluar sus progresos en calidad de acreedores.
"La misión recordó la importancia de aumentar la flexibilidad y la
competitividad de la economía portuguesa", reza el texto, en el que se
pone de manifiesto la disparidad de criterios a la hora de calcular el
déficit luso.
Mientras que el Gobierno pretende cerrar 2016 con este indicador en
el 2,6 % del PIB, Bruselas pronostica que lo hará en el 3,4 %.
Divergencias que se repiten a la hora de proyectar el crecimiento del
país durante 2016, ya que el Ejecutivo estima una subida del PIB del
2,1 % y las autoridades comunitarias prevén un aumento del 1,6 %.
"El ajuste del déficit estructural subyacente este año refleja un
esfuerzo de consolidación insuficiente", destacaron sus técnicos.
También cuestionó el reciente aumento del 5 % del salario mínimo,
hasta los 618 euros mensuales (calculado en base a doce pagas), cuyo
impacto "deberá ser analizado cuidadosamente para saber su incidencia
sobre la estructura salarial y en las perspectivas de empleo de los
trabajadores poco cualificados".
"En 2015 se redujo la dinámica de implementación de reformas
estructurales (...) La misión instó a las autoridades a proseguir con
una agenda de reformas ambiciosa", recalcaron desde la CE y el BCE.
La publicación de las conclusiones de la tercera visita de la troika
de acreedores a Lisboa coincide con la negociación que mantienen estos
días Bruselas y el Gobierno luso sobre el borrador presupuestario de
2016.
Las autoridades comunitarias hicieron públicas sus dudas sobre las
optimistas previsiones económicas que incluye el texto y reclaman la
adopción de medidas adicionales que garanticen que el país cumple con
sus metas de reducción del déficit público.
El Ejecutivo portugués, por su parte, pretende consensuar esos
ajustes con el resto de fuerzas de izquierda, de cuyo apoyo depende en
el Parlamento y que le exigen revertir la carga de austeridad aprobada
en la anterior legislatura.
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