MADRID.- Doble toque de atención a los políticos por parte de las agencias de
‘rating’ (calificación), que este viernes advirtieron sobre las
consecuencias generadas por los cambios políticos registrados en España
en los últimos meses. Lo hicieron sin censurar tendencias (progresistas o
conservadoras), aunque sí dejando claro que ven «poco probable» que «en
los próximos tres o cuatro años» se lleven a cabo las reformas
estructurales «adicionales» que precisa el país.
Por ello, Moody’s ha optado por penalizar a España, aunque solo
levemente. Así, mantiene su nota en Baa2 (riesgo moderado), pero rebaja
de positiva a estable su perspectiva, ahora tan solo dos escalones por
encima de lo que se considera bono ‘basura’ para los inversores.
Los expertos de la agencia anglosajona llegan a esa conclusión
«independientemente de la composición del nuevo Gobierno». A su juicio,
el problema radica en que la «fragmentación política» salida de las
urnas el pasado 20 de diciembre «no conducirá a una renovada aceleración
del ‘momentum’ de reformas». Y para ello –añade– «no importa la forma
en que se resuelva la situación de estancamiento actual», concluye en
tono pesimista.
Claro que su calificación podría empeorar, avisan desde Moody’s, si
hubiera «una mayor desviación fiscal» y, con ello, un endeudamiento
(respecto al PIB) mayor del previsto. Una «reversión» de las reformas
acometidas en los últimos años, añade, sería otro elemento que empujaría
a la baja su calificación, al igual que un «resurgimiento de las
tensiones financieras» y también en los mercados de deuda soberana.
Lo que más ha pesado para rebajar la perspectiva de España, apunta la
agencia, ha sido que las mejoras institucionales de los últimos años
«han tenido un impacto menor del previsto», incluyendo el mayor control
presumido en las finanzas regionales y la reforma de las pensiones. Todo
ello, continua, «limita el potencial para la mejora de la posición
fiscal futura del país y de su trayectoria de crecimiento».
En un tono similar, Fitch –otra de las tres grandes agencias–
advierte del riesgo de que las comunidades autónomas aumenten su gasto
corriente más de lo presupuestado este año. Dicha subida vendrá empujada
por la mejora de la economía, junto con el deseo de los gobiernos
territoriales de compensar los esfuerzos de austeridad realizados en
años anteriores.
Ve «probable» que la mayor sensibilidad hacia el gasto social de los
nuevos gobernantes surgidos de los comicios regionales de mayo de 2015
se materialice en los presupuestos definitivos. En concreto, siete de
las 11 regiones calificadas prevén aumentar su gasto operativo por
encima del 2%, con subidas de hasta el 5,4% (Murcia) y el 8% (Comunidad
Valenciana).
Además, advierte de que la evolución positiva de la recaudación
fiscal puede añadir más presión sobre el gasto corriente. Desde Fitch
recuerdan en este sentido que el gasto operativo que recogían los
presupuestos iniciales de las comunidades ya era de un crecimiento
«significativo» del 4,6%.
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