BUENOS AIRES.- Argentina dio un gran paso ayer con su oferta para cerrar el litigio por una deuda millonaria
por bonos en default, pero le resta convencer al núcleo duro de
acreedores y obtener la venia del Congreso, donde a falta de mayoría
deberá transitar un delicado equilibrio político.
Deberá además
asegurarse la financiación para pagar la oferta de 6.500 millones de
dólares, un 25% menos sobre la sentencia de 9.000 millones que reconoció
el juez de Nueva York, Thomas Griesa.
Hasta ahora sólo aceptaron dos de los seis principales fondos especulativos que ganaron un juicio contra a Argentina.
Siguen
las negociaciones con el núcleo duro, encabezado por los fondos NML
Capital y Aurelius que en 2012 lograron la sentencia favorable para
cobrar una deuda que hoy asciende a 1.750 millones de dólares.
En
el plano doméstico, el gobierno del liberal de derecha Mauricio Macri
ya ha comenzado a tender puentes con gobernadores opositores que le
permitan allanar el camino en el Congreso.
Su frente Cambiemos
quedó más cerca la semana pasada del quórum en la Cámara de Diputados
tras el alejamiento de unos 14 legisladores díscolos del Frente para la
Victoria (FPV, peronismo), el partido de la expresidenta de
centroizquierda Cristina Kirchner (2007-2015), primera minoría en la
cámara.
Pero Cambiemos depende de acuerdos para sumar unos 40 votos que le aseguren los 130 que requiere para aprobar sus proyectos.
Las
próximas serán semanas cruciales para construir el andamiaje político
antes de la apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo, cuando se
espera que el gobierno envíe al Congreso la derogación de la Ley
Cerrojo.
La norma resultó una suerte de garantía para el 93% de
los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 con quitas de más
del 70% y largos plazos de pago, respecto a que no habría nueva ni
mejor oportunidad de cobrar los bonos en default desde 2001.
La
situación "es preocupante porque tenemos dos leyes, la Cerrojo y la de
Pago Soberano, que condicionan los acuerdos" con los acreedores, recordó
este sábado Héctor Recalde, presidente del boque de diputados del FPV.
La
ley de Pago Soberano fue aprobada en 2014 como un artilugio legal de
Argentina para cambiar la sede de pago de la deuda reestructurada y
sortear el bloqueo de fondos que impuso el juez Griesa en julio de ese
año, cuando congeló un pago por 539 millones de dólares en Nueva York,
provocando un default parcial de Argentina.
"Vamos
a tratar de que se mantengan los principios consagrados sobre la
sustentabilidad de los acuerdos y la legalidad y vamos a proceder
ratificándolos", advirtió Recalde en diálogo con Radio 10, anticipando
una batalla legislativa.
La situación se da en plena renovación de
liderazgos dentro del Partido Justicialista (PJ, peronista) que elegirá
a su nueva conducción el 8 de mayo.
Allí avanza una corriente
dialoguista por sobre el kirchnerismo duro, que batalló contra los
fondos especulativos, a los que denunció en foros internacionales como
"buitres" por haber comprado bonos en default a precio de remate para
buscar cobrarlos luego al valor nominal por vía judicial.
Pero en el mar de olas que es el PJ los planetas parecen alinearse en favor de Macri.
"Hay
un sector que piensa en adoptar políticas confrontativas y el gran
sector mayoritario que plantea ser una oposición seria, responsable que
garantice gobernabilidad", resumió el gobernador de Entre Ríos, el
peronista Gustavo Bordet.
El acuerdo es necesario para permitir el retorno a los mercados internacionales, que resulta crucial para el gobierno de Macri.
Lo
apremia una economía estancada con un déficit de casi 6% del PIB, una
inflación proyectada para 2016 de entre el 20 y el 25% y un crecimiento
que en el mejor de los casos llegará a 1% este año.
"Restablecer
el crédito es una premisa fundamental para volver a crecer", dijo este
sábado el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, a Radio Mitre.
Las
reservas, de las que el kirchnerismo echó mano durante una década para
el pago de la deuda reestructurada, aumentaron en 5.000 millones de
dólares semanas atrás con un préstamo de bancos locales que permitieron
llevarlas de unos 24.000 a 29.600 millones, según el último balance.
Al
margen de las negociaciones en Nueva York, Argentina logró un
preacuerdo con 50.000 bonistas italianos para pagarles al contado el
150% del capital de 900 millones de dólares por títulos en default.
"Hubiéramos
querido llegar a un acuerdo (con todos los acreedores), pero no fue
posible", lamentó Prat-Gay, aunque se mostró optimista sobre lograrlo
porque "entraron a la oferta varios de los que parecían más duros.
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