SAN JUAN.- El Congreso federal
debatió hoy sobre la estructura y poder que debe tener la junta de
control fiscal que Washington quiere imponer sobre Puerto Rico, para
controlar el uso de los fondos públicos y posiblemente supervisar la
reestructuración de su deuda de 72.000 millones de dólares.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul
Ryan, se ha comprometido a hacer lo posible para que se apruebe la
correspondiente legislación durante este primer trimestre del año.
Durante la vista celebrada hoy por el Comité de Recursos Naturales de
la Cámara, que supervisa los asuntos de los territorios
estadounidenses, se estudió el caso concreto de Washington D.C. en la
década de los 90 a través del testimonio de Anthony Williams.
Este exalcalde de la capital también fue asesor durante el periodo en
que Washington fue supervisada por una junta de control financiero
establecida por el Congreso, con resultados muy favorables.
En la vista de hoy, Williams defendió que la junta que se cree debe
tener más poderes que el propio Gobierno de la isla, para así poder
actuar con independencia y agilidad.
También ofrecieron su opinión el expresidente del Banco Gubernamental
de Fomento (BGF) Carlos García; Thomas Moers Mayer, abogado en
representación de los bonistas, y el profesor de economía del MIT Simon
Johnson, entre otros.
Todos ellos abogaron también por la necesidad de establecer una junta
de control fiscal externa, aunque hubo distintas opiniones sobre cuál
debe ser su estructura y el alcance de sus competencias.
A partir de aquí, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara
tratará de elaborar una propuesta de Ley que, en palabras del
representante de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, debe ser
"bipartidista y balanceada", porque será clave para evitar que "la ya
grave situación en Puerto Rico se ponga peor".
"El Gobierno de Puerto Rico tiene un historial de mal manejo de la
situación fiscal. Tenemos que aceptar este lamentable hecho,
comprometernos a hacerlo mejor y aceptar asistencia temporera en el
camino", dijo hoy Pierluisi.
En su opinión, la junta podría aprobar los presupuestos del Gobierno y
planes financieros a largo plazo, para asegurar su cumplimiento, e
incluso podría nombrar a un mediador que ayude a llegar a acuerdos
voluntarios para reestructurar la deuda.
"La legislación debe proveer también a Puerto Rico trato similar al
de los estados bajo los programas federales, ya que la falta de
atención, por décadas, por parte de Washington es la principal causa de
los problemas económicos, fiscales y de pérdida poblacional que sufre
Puerto Rico", defendió.
La idea es crear una junta de control externo que supervise la
gestión fiscal en la isla y la reestructuración de su deuda, algo que
desde ciertos ámbitos puertorriqueños se ve con recelo por temor a que
suponga en la práctica una merma en la autonomía gubernamental de la
isla.
Desde la Casa Blanca se propone la creación de esa junta, acompañada
de legislación para que Puerto Rico pueda acogerse a la Ley federal de
Quiebras, entre otras medidas, tal y como expuso en persona el propio
secretario del Tesoro, Jack Lew, durante su visita a la isla el pasado
20 de enero.
Mientras, los bonistas estudian la propuesta recién presentada por el
Gobierno de Puerto Rico para reestructurar la deuda, un plan que
incluye importantes quitas y que condiciona parte de los cobros al logro
de objetivos en materia de ingresos fiscales a largo plazo.
El plan supone la reestructuración de 49.000 de los 72.000 millones
de dólares de deuda que acumula el sector público. La compañía eléctrica
negocia por separado sus 9.000 millones de deuda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario