BARCELONA.- El Parlamento Europeo acaba de aprobar una moción que insta a la
Unión Europea (UE) a imponer un embargo de armas a Arabia Saudita. ¿La
razón? Las consecuencias de la intervención militar liderada por la
monarquía saudita en su vecino del sur, Yemen, que desde marzo de 2015
ha causado numerosas víctimas civiles y que tiene al país al borde de un
desastre humanitario.
En los últimos meses las autoridades de Riad han
sido acusadas en reiteradas ocasiones de perpetrar ataques aéreos
indiscriminados que han afectado a la población civil yemení.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han alertado sobre el uso
de armas prohibidas, como bombas de racimo –presuntamente de origen
estadounidense–, y Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado los ataques
contra algunas de sus instalaciones hospitalarias.
Hace tan solo unas
semanas, un informe de expertos de la ONU destinado al Consejo de
Seguridad y filtrado a la prensa señalaba a Arabia Saudita y su
coalición como autores de “sistemáticos” ataques contra objetivos
civiles, entre ellos ofensivas contra campos de personas desplazadas
internas, reuniones de civiles –incluyendo bodas–, áreas residenciales,
buses, centros médicos, escuelas, mercados, depósitos de alimentos e
infraestructuras civiles. Los adversarios de Arabia Saudita en Yemen,
los al-houthistas –a quienes Riad acusa de ser aliados de Irán y actuar
como “proxies” de Teherán, y que ya están sometidos a un embargo de
armas de la ONU desde abril de 2015– también han sido acusados de violar
el derecho internacional humanitario, por atacar zonas residenciales y
sembrar minas de manera indiscriminada, entre otras acciones.
En este
contexto, y a casi un año de la implicación militar saudita, el balance
del conflicto armado en Yemen es devastador: más de 6.000 víctimas
mortales –más de la mitad civiles–, cientos de miles de personas
desplazadas a causa de la violencia –casi un millón solo en el primer
semestre de 2015–, una situación humanitaria dramática –más de 80% de la
población requiere ayuda– y un persistente bloqueo en los esfuerzos por
promover una salida negociada a una disputa que ha adquirido crecientes
tonos sectarios y regionales.
Los llamamientos a la imposición de un embargo de armas contra Riad
llegan en un momento en el que proliferan las versiones sobre
desacuerdos en el seno de la familia real saudita e inquietud en
sectores de la población ante las políticas adoptadas por la monarquía a
nivel internacional –en un contexto, además, de caída de los precios
del petróleo– y en particular por las acciones promovidas por el joven
ministro de Defensa (30 años) y segundo en la línea de sucesión, el
príncipe Mohammed bin Salman.
Algunas informaciones subrayan las
reticencias a una aproximación considerada como excesivamente
intervencionista en política exterior, en especial en Yemen –que
algunos ya califican como un posible “Vietnam saudita”–, pero también en
Siria. Antes de la puesta en marcha de la frágil tregua en este último
país, algunas informaciones apuntaban a que Arabia Saudita –y también
Turquía– estaban dispuestas a desplegar tropas en territorio sirio para
frenar el avance de las tropas del régimen de Bashar al-Assad. E
l
posicionamiento del Parlamento Europeo también ha coincidido con la
divulgación de datos actualizados sobre el comercio de armas a nivel
internacional, que sitúan a Arabia Saudita en segundo lugar entre los
principales importadores de arsenales, con un porcentaje de
adquisiciones equivalentes al 7% del total mundial.
Según el balance
publicado por el centro de investigación sueco Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI), las compras de armas pesadas (“major
weapons”) de Arabia Saudita entre el período 2006-10 y 2011-15 se han
incrementado en un 275% (en el mismo período, las ventas de armas en
toda la región de Oriente Medio aumentaron también de manera
significativa, en un 61%).
En su análisis, el propio SIPRI subraya que
la intervención militar en Yemen se vio facilitada por las ventas de
armas a países de la zona, entre ellos Arabia Saudita, pero también
otros países miembros de la coalición como Egipto, Qatar y los Emiratos
Árabes Unidos.
Aunque la decisión del Parlamento Europeo no es vinculante, sitúa
bajo escrutinio la provisión de armas a la monarquía saudita y expone
las contradicciones en la relación estratégica de Occidente con Riad.
En
este sentido, la medida también debería aumentar la presión para
revisar sus políticas a algunos de los países europeos que, después de
EEUU, se encuentran entre los principales suministradores de armas a
Arabia Saudita, entre ellos Reino Unido, España, Francia y Alemania.
Además de las disposiciones nacionales que regulan el comercio de armas
en cada uno de estos países –y que, como en el caso de España, incluyen
cláusulas de denegación o suspensión si hay indicios de que puedan ser
usadas para perturbar la paz y la estabilidad, exacerbar tensiones o
conflictos o ser utilizadas contra la dignidad del ser humano–, los
Estados miembros de la UE están comprometidos por un código europeo de
conducta según el cual no se pueden vender armas a países que puedan
utilizarlas para perpetrar graves violaciones al derecho internacional
humanitario.
A propósito de Yemen, el secretario general de la ONU, Ban
Ki-moon, también ha recordado los compromisos de los Estados
suscriptores del Tratado de Comercio de Armas, que deberían hacer lo
posible por honrar sus principios y frenar los flujos de arsenales a
actores que puedan cometer violaciones al derecho internacional.
En
países como Alemania, las ventas de armas a Arabia Saudita han provocado
polémica no sólo por la deriva del conflicto armado yemení, sino
también por otras políticas del reino saudita consideradas atentatorias a
los derechos humanos, entre ellas las ejecuciones de casi cincuenta
prisioneros a principios de 2016.
La decisión de Suecia en 2015 (en el
marco de una política exterior feminista) de suspender las ventas de
armas a Arabia Saudita ante las vulneraciones a los derechos humanos en
el país que afectan especialmente a las mujeres –poniendo fin a un
acuerdo de cooperación militar de más de una década entre ambos países–
demostró que otro tipo de política es posible cuando se sitúa el respeto
a los derechos humanos en el centro de la toma de decisiones.
Europa y
la comunidad internacional, por tanto, deberían materializar cuanto
antes el embargo de armas a Arabia Saudita y detener todos los flujos de
armas a los actores implicados en el conflicto, promover una
investigación internacional independiente de los abusos cometidos por
todas las partes en Yemen y propiciar cuanto antes una salida política a
una guerra que se ve opacada por otros conflictos en la región, pero
que requiere una atención urgente para aliviar la situación de millones
de personas afectadas por la violencia.
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