PARÍS.- Siete sindicatos franceses llamaron hoy a manifestarse y a hacer
huelga el 31 de marzo para protestar contra un controvertido proyecto de
reforma laboral impulsado por el gobierno.
Tras una reunión de alrededor de tres horas, esas organizaciones
instaron a efectuar las acciones al apuntar que el plan del gobierno
constituye una "regresión social".
El 31 de marzo, los empleados, los privados de ocupación, los jóvenes, los jubilados, tienen todas las razones para movilizarse juntos, por todas las vías, para obtener nuevos derechos, sinónimos de progreso social, para lograr otra distribución de las riquezas en una sociedad solidaria, expresaron mediante un comunicado.
La CGT, principal sindicato galo, llamó recientemente a una respuesta fuerte y unida del mundo del trabajo ante el proyecto.
Según la organización, si fuera adoptado, ese plan constituiría un retroceso histórico de los derechos de los empleados, al apuntar que ofrece una libertad total al empresariado.
Toma en cuenta los intereses financieros del empresariado y de los accionistas, por encima de la protección de los empleados, enfatizó.
Mediante un comunicado, diputados del Frente de Izquierda remarcaron que el texto es un proyecto de erradicación del derecho laboral. Contiene ataques sin precedentes contra el tiempo de trabajo, los salarios y las indemnizaciones por despido, señalaron.
Según la información divulgada, contempla una mayor flexibilidad del código y el mercado de trabajo. Por ejemplo, la organización del tiempo de trabajo o la remuneración de las horas extraordinarias, hasta ahora enmarcadas por la ley, serán decididas por acuerdos de empresa.
También prevé facilitar los despidos por motivos económicos y poner topes a las indemnizaciones por despido otorgadas por los tribunales laborales.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, en entrevista con el diario Les Echos, expresó que con esa iniciativa el gobierno quiere hacer avanzar al país a través del diálogo social, garantizar más derechos reales, hacer a las empresas más competitivas, desarrollar y preservar el empleo.
El documento será presentado el 24 de marzo al Consejo de Ministros. Posteriormente debe comenzar su examen en el Parlamento en un contexto de persistentes dificultades laborales y una tasa de desempleo ubicada en torno al 10 por ciento.
El 31 de marzo, los empleados, los privados de ocupación, los jóvenes, los jubilados, tienen todas las razones para movilizarse juntos, por todas las vías, para obtener nuevos derechos, sinónimos de progreso social, para lograr otra distribución de las riquezas en una sociedad solidaria, expresaron mediante un comunicado.
La CGT, principal sindicato galo, llamó recientemente a una respuesta fuerte y unida del mundo del trabajo ante el proyecto.
Según la organización, si fuera adoptado, ese plan constituiría un retroceso histórico de los derechos de los empleados, al apuntar que ofrece una libertad total al empresariado.
Toma en cuenta los intereses financieros del empresariado y de los accionistas, por encima de la protección de los empleados, enfatizó.
Mediante un comunicado, diputados del Frente de Izquierda remarcaron que el texto es un proyecto de erradicación del derecho laboral. Contiene ataques sin precedentes contra el tiempo de trabajo, los salarios y las indemnizaciones por despido, señalaron.
Según la información divulgada, contempla una mayor flexibilidad del código y el mercado de trabajo. Por ejemplo, la organización del tiempo de trabajo o la remuneración de las horas extraordinarias, hasta ahora enmarcadas por la ley, serán decididas por acuerdos de empresa.
También prevé facilitar los despidos por motivos económicos y poner topes a las indemnizaciones por despido otorgadas por los tribunales laborales.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, en entrevista con el diario Les Echos, expresó que con esa iniciativa el gobierno quiere hacer avanzar al país a través del diálogo social, garantizar más derechos reales, hacer a las empresas más competitivas, desarrollar y preservar el empleo.
El documento será presentado el 24 de marzo al Consejo de Ministros. Posteriormente debe comenzar su examen en el Parlamento en un contexto de persistentes dificultades laborales y una tasa de desempleo ubicada en torno al 10 por ciento.
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