SAN JUAN.- El gobernador Alejandro García Padilla rechazó
hoy que Estados Unidos despoje a Puerto Rico de los derechos de
autogobierno, al reiterar la insostenibilidad de la deuda pública de 70.000 millones de dólares.
El mandatario portorriqueño propuso, ante la proyectada iniciativa de
imponer a esta isla una junta federal de control fiscal por encima de
las determinaciones de su gobierno, la conformación de un "frente unido"
en oposición al organismo que debe ser aprobado por el Congreso
norteamericano.
Anunció que convocará esta semana a los candidatos a la Gobernación de todos los partidos políticos y a otros sectores "para unirnos en ese reclamo básico, sin distraernos con la discusión político partidista, para adelantar la recuperación de nuestras futuras generaciones".
Como Estado Libre Asociado (ELA) a Estados Unidos, sistema de gobierno establecido en 1952, Puerto Rico tiene un gobierno propio limitado para su administración interna, lo que se vería en la práctica barrido por la junta federal de control fiscal.
A tal punto llegará el poder del organismo que, según el borrador filtrado a los medios de comunicación, tendría potestad para multar a los funcionarios públicos puertorriqueños que incumplan su orden.
García Padilla consideró, no obstante, que el anteproyecto de ley de la Cámara de Representantes federal debe verse solo como el acercamiento inicial del Congreso para cumplir con su compromiso de brindar a Puerto Rico una solución comprensiva a la situación fiscal, ya que en 1984 fue excluido de la ley de quiebras.
"La reciente discusión sobre los méritos del anteproyecto preparado por la cámara baja del Congreso de Estados Unidos evidencia que se ha comprendido que la deuda, según contraída por pasadas administraciones, es insostenible y tiene ancladas las posibilidades de recuperación del pueblo de Puerto Rico", subrayó.
Manifestó que el liderazgo de la mayoría del Partido Republicano de Estados Unidos accedió al reclamo de brindarle a Puerto Rico las herramientas legales para una reestructuración ordenada de la deuda de 70.000 millones de dólares.
De ese total, a la administración de García Padilla le interesa reestructurar con urgencia 49.000 millones, que conlleva obligaciones de la Constitución del ELA.
Admitió que, de la manera propuesta, la junta federal resulta deshonrosa y degradante, ya que despojará a Puerto Rico de los limitados poderes que Washington le otorgó en 1952 para sacarlo de la lista de países coloniales de las Naciones Unidas. García Padilla sostuvo que "el estado de derecho sobre las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos no permite dejar sin efecto la Constitución del ELA para concentrar el poder del gobierno en un cuerpo no electo por los puertorriqueños".
"De aprobarse una legislación como esa, Puerto Rico la impugnará inmediatamente en los tribunales federales y ante la comunidad de naciones", expresó.
Anunció que convocará esta semana a los candidatos a la Gobernación de todos los partidos políticos y a otros sectores "para unirnos en ese reclamo básico, sin distraernos con la discusión político partidista, para adelantar la recuperación de nuestras futuras generaciones".
Como Estado Libre Asociado (ELA) a Estados Unidos, sistema de gobierno establecido en 1952, Puerto Rico tiene un gobierno propio limitado para su administración interna, lo que se vería en la práctica barrido por la junta federal de control fiscal.
A tal punto llegará el poder del organismo que, según el borrador filtrado a los medios de comunicación, tendría potestad para multar a los funcionarios públicos puertorriqueños que incumplan su orden.
García Padilla consideró, no obstante, que el anteproyecto de ley de la Cámara de Representantes federal debe verse solo como el acercamiento inicial del Congreso para cumplir con su compromiso de brindar a Puerto Rico una solución comprensiva a la situación fiscal, ya que en 1984 fue excluido de la ley de quiebras.
"La reciente discusión sobre los méritos del anteproyecto preparado por la cámara baja del Congreso de Estados Unidos evidencia que se ha comprendido que la deuda, según contraída por pasadas administraciones, es insostenible y tiene ancladas las posibilidades de recuperación del pueblo de Puerto Rico", subrayó.
Manifestó que el liderazgo de la mayoría del Partido Republicano de Estados Unidos accedió al reclamo de brindarle a Puerto Rico las herramientas legales para una reestructuración ordenada de la deuda de 70.000 millones de dólares.
De ese total, a la administración de García Padilla le interesa reestructurar con urgencia 49.000 millones, que conlleva obligaciones de la Constitución del ELA.
Admitió que, de la manera propuesta, la junta federal resulta deshonrosa y degradante, ya que despojará a Puerto Rico de los limitados poderes que Washington le otorgó en 1952 para sacarlo de la lista de países coloniales de las Naciones Unidas. García Padilla sostuvo que "el estado de derecho sobre las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos no permite dejar sin efecto la Constitución del ELA para concentrar el poder del gobierno en un cuerpo no electo por los puertorriqueños".
"De aprobarse una legislación como esa, Puerto Rico la impugnará inmediatamente en los tribunales federales y ante la comunidad de naciones", expresó.
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