BUENOS AIRES.- El Gobierno de
Argentina aseguró hoy que no negociará acuerdos de pago con aquellos
inversores que poseen títulos de deuda soberana con plazos prescritos
para iniciar reclamaciones.
El ministro de Hacienda argentino, Alfonso Prat-Gay, dijo hoy en una
entrevista publicada por el diario Clarín, de Buenos Aires, que su país
no quiere negociar ni está interesado en que ese grupo de tenedores de
bonos acepte la propuesta que Argentina hizo para acreedores que no
entraron en las reestructuraciones de 2005 y 2010.
"Según nuestro análisis, esos fondos están reclamando pagos por bonos
que entendemos que prescribieron", dijo el ministro, al referirse a
inversores que poseen títulos argentinos que entraron en suspensión de
los pagos a finales de 2001 pero cuyos plazos legales para hacer
reclamaciones, según Argentina, han expirado.
La posibilidad de que este grupo de inversores haga reclamaciones
judiciales una vez que Argentina pague a aquellos acreedores que acepten
la nueva propuesta de cancelación de las deudas fue uno de los temas
que surgió en el debate que esta semana tuvo lugar en comisiones del
Parlamento de cara al debate de la ley que permitirá al país poner fin a
sus disputas con fondos querellantes.
En ese contexto, el oficialismo había planteado que el riesgo de nuevos litigios tras el acuerdo será prácticamente nulo.
La iniciativa que se discute en el Congreso posibilitará al Gobierno
pagar a aquellos acreedores que poseen títulos argentinos en mora desde
finales de 2001 y que no entraron en las reestructuraciones de 2005 y
2010.
Estos incluyen a poderosos fondos de inversión que litigan contra
Argentina en tribunales de Nueva York desde hace una década, y que
cuentan con una sentencia de pago a su favor, y a otros acreedores, como
inversores individuales italianos, a los que no alcanza ese proceso
judicial pero que sí han hecho reclamaciones por otras vías.
La propuesta excluye a tenedores de bonos que no han hecho
reclamación alguna en el plazo legal establecido, con tenencias que
consultores privados calculan en unos 1.000 millones de dólares.
"Sabemos que es en este núcleo de tenedores donde se abrirá un
proceso de litigios, porque ellos van a ir a la Justicia reclamando la
validez de esos títulos que para nosotros han prescrito", afirmó
Prat-Gay.
El ministro dijo que, por el contrario, para aquellos que posea bonos
válidos y que aún no hayan aceptado la nueva propuesta argentina, la
oferta seguirá en pie más allá del 14 de abril, fecha en que el Gobierno
prevé pagar a los acreedores que reclaman.
No hay comentarios:
Publicar un comentario