BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) acordó hoy suspender la ayuda directa que
presta a las autoridades de Burundi ante la oleada de violencia y las
violaciones de los derechos humanos detectadas en el país africano,
aunque mantendrá el apoyo a la población.
"La UE ha suspendido la ayuda financiera directa a la
administración de Burundi, incluido el apoyo presupuestario", decidieron
los ministros de Exteriores comunitarios reunidos en un Consejo en
Bruselas, a la vez que precisaron que "mantienen plenamente tanto el
apoyo financiero a la población como la ayuda humanitaria".
El Consejo de Ministros señaló en unas conclusiones que ha
terminado las consultas con Burundi en virtud del artículo 96 del
acuerdo de Cotonú, que rige las relaciones entre la UE y los países de
África, Caribe y Pacífico, ya que "los compromisos propuestos por el
Gobierno burundés son insuficientes para atender a las preocupaciones"
de la Unión.
En paralelo, el Consejo también ha establecido unas "medidas
específicas que deberá adoptar el Gobierno burundés y que podrían
conducir a la plena reanudación de la cooperación".
"La situación en Burundi sigue siendo motivo de honda
preocupación para la UE, aunque recientemente se han observado algunos
destellos de esperanza", consideró en un comunicado la alta
representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Federica Mogherini.
En su opinión, las medidas propuestas por la UE "pueden apoyar el
diálogo interburundés, con la mediación de la Comunidad del África
Oriental, que es clave para lograr una solución política duradera a la
crisis".
Por su parte, el comisario europeo de Cooperación Internacional y
Desarrollo, Neven Mimica, recordó que la crisis que vive actualmente el
país "ya ha costado más de cuatrocientas vidas, ha dejado miles de
heridos y ha obligado a más de 240.000 personas a buscar refugio en los
países vecinos".
Apuntó que la UE prepara apoyo a proyectos para que la población
pueda acceder a servicios básicos "pero sin canalizar recursos
financieros a través de cuentas gestionadas por el Gobierno".
El Consejo precisó que su decisión "se revisará periódicamente,
al menos cada seis meses", entre otros medios con misiones de
supervisión conjuntas del Servicio Europeo de Acción Exterior y la
Comisión Europea.
La UE celebró el pasado 8 de diciembre consultas con el Gobierno
de Burundi en virtud del artículo 96 del acuerdo de Cotonú para estudiar
este problema y encontrar maneras de subsanarlo.
Entonces, el Gobierno burundés propuso "algunos compromisos" que,
sin embargo, "hasta la fecha la UE ha considerado insatisfactorios".
Burundi está inmerso en una grave crisis desde que en abril de
2015 el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, anunció que se
presentaría por tercera vez a las elecciones, algo que prohíbe la
Constitución y viola los acuerdos que acabaron con una larga guerra
civil en 2005.
Nkurunziza fue reelegido en julio, en unos comicios que la
comunidad internacional considera fraudulentos, lo que no ha impedido
que el presidente se mantenga en su cargo.
El pasado 1 de octubre la UE ya impuso sanciones contra cuatro
personas próximas a Nkurunziza o pertenecientes a los servicios de
inteligencia, al considerarles de incitar a la violencia y a actos de
represión durante las manifestaciones a raíz del anuncio de la
candidatura presidencial.
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