BUENOS AIRES.- Cuando los preacuerdos con los fondos buitre son evaluados por
comisiones de la Cámara de Diputados, aparece hoy el fantasma de que
podrían abrirse contra Argentina nuevos litigios por el pago de la
deuda.
Esa probabilidad emana del enojo de los tenedores de bonos que componen
el 93 por ciento de los que aceptaron los canjes de 2005 y 2010,
quejosos de que los bonistas no reestructurados, que son minoría, serán
ahora grandemente beneficiados por la propuesta del gobierno de Mauricio
Macri.
Este nuevo escenario surge en una semana clave para el Ejecutivo cuando recién comienza en el Congreso el análisis de los arreglos con los buitres y la bancada oficialista se esfuerza por conseguir el quórum necesario para poder abrir el debate plenario.
Tulio Zembo, el abogado que representa a los bonistas italianos que sellaron los acuerdos de reestructuración, advirtió este lunes que "la bronca es porque puede suceder que los que litigan en Nueva York vayan a recibir el 100 por ciento".
En declaraciones a la agencia de noticias Télam, el representante legal adelantó que esperarán a ver qué decide el Congreso antes de iniciar acciones legales.
Zembo aseguró que "hay mucho malhumor" entre los acreedores reestructurados ante la posibilidad de que el gobierno ceda a un pago superior a los fondos buitre y otros bonistas del siete por ciento que rechazó los acuerdos de reestructuración de la deuda.
En su explicación, el abogado argumentó que el problema radica en que "puede suceder que los que litigan en Nueva York vayan a recibir el 100 por ciento, y los que entraron al canje, que son la mayoría, se tengan que conformar con el 35 por ciento".
Los preacuerdos significan un negocio redondo para los litigantes. El diario The Wall Street Journal mencionó como ejemplo que el fondo de capital NML del magnate Paul Singer estaría ganando 15 veces más de lo que pagó por los bonos.
La advertencia ocurre en la misma semana en que la Cámara de Diputados evalúa en plenario de comisiones el acuerdo con los "holdouts", que incluye la derogación de las leyes de Pago Soberano y de Cerrojo.
En los últimos días cobró fuerza el temor de legisladores de que ante ese arreglo los acreedores reestructurados acudirían a la Justicia para pedir un trato igualitario y cobrar lo mismo que los fondos buitres y el resto de los reclamantes en el juzgado de Thomas Griesa.
Zembo explicó a Télam que "no hay nada decidido aún", porque -precisó- "primero hay que ver cómo evoluciona el acuerdo, si Argentina paga y cuánto".
Este lunes en audiencia conjunta las comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Finanzas escuchan las opiniones de especialistas en el tema y referentes sindicales y empresariales.
El oficialismo propuso cuatro proyectos de ley para poner punto final, según cree, al conflicto con los fondos buitre.
Dos de esas proposiciones contemplan derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, una tercera para validar los preacuerdos con los "holdouts" y otra para autorizar la emisión de deuda, que puede ascender, según anticipó el ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, a 15 mil millones de dólares.
La bancada oficialista está optimista de poder conseguir el quórum de 129 legisladores, entre 257, para elevar los proyectos al pleno de la Cámara de Diputados a partir de fracturas en la oposición.
La administración Macri necesita hacer efectivo el pago antes del 14 de abril, fecha tope que impuso el juez Griesa.
Este nuevo escenario surge en una semana clave para el Ejecutivo cuando recién comienza en el Congreso el análisis de los arreglos con los buitres y la bancada oficialista se esfuerza por conseguir el quórum necesario para poder abrir el debate plenario.
Tulio Zembo, el abogado que representa a los bonistas italianos que sellaron los acuerdos de reestructuración, advirtió este lunes que "la bronca es porque puede suceder que los que litigan en Nueva York vayan a recibir el 100 por ciento".
En declaraciones a la agencia de noticias Télam, el representante legal adelantó que esperarán a ver qué decide el Congreso antes de iniciar acciones legales.
Zembo aseguró que "hay mucho malhumor" entre los acreedores reestructurados ante la posibilidad de que el gobierno ceda a un pago superior a los fondos buitre y otros bonistas del siete por ciento que rechazó los acuerdos de reestructuración de la deuda.
En su explicación, el abogado argumentó que el problema radica en que "puede suceder que los que litigan en Nueva York vayan a recibir el 100 por ciento, y los que entraron al canje, que son la mayoría, se tengan que conformar con el 35 por ciento".
Los preacuerdos significan un negocio redondo para los litigantes. El diario The Wall Street Journal mencionó como ejemplo que el fondo de capital NML del magnate Paul Singer estaría ganando 15 veces más de lo que pagó por los bonos.
La advertencia ocurre en la misma semana en que la Cámara de Diputados evalúa en plenario de comisiones el acuerdo con los "holdouts", que incluye la derogación de las leyes de Pago Soberano y de Cerrojo.
En los últimos días cobró fuerza el temor de legisladores de que ante ese arreglo los acreedores reestructurados acudirían a la Justicia para pedir un trato igualitario y cobrar lo mismo que los fondos buitres y el resto de los reclamantes en el juzgado de Thomas Griesa.
Zembo explicó a Télam que "no hay nada decidido aún", porque -precisó- "primero hay que ver cómo evoluciona el acuerdo, si Argentina paga y cuánto".
Este lunes en audiencia conjunta las comisiones de Presupuesto y Hacienda y la de Finanzas escuchan las opiniones de especialistas en el tema y referentes sindicales y empresariales.
El oficialismo propuso cuatro proyectos de ley para poner punto final, según cree, al conflicto con los fondos buitre.
Dos de esas proposiciones contemplan derogar las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, una tercera para validar los preacuerdos con los "holdouts" y otra para autorizar la emisión de deuda, que puede ascender, según anticipó el ministro de Finanzas, Alfonso Prat-Gay, a 15 mil millones de dólares.
La bancada oficialista está optimista de poder conseguir el quórum de 129 legisladores, entre 257, para elevar los proyectos al pleno de la Cámara de Diputados a partir de fracturas en la oposición.
La administración Macri necesita hacer efectivo el pago antes del 14 de abril, fecha tope que impuso el juez Griesa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario