BUENOS AIRES.- Al margen del debate congresional por el pago a los fondos buitre,
un juez federal abrió hoy una causa legal contra el presidente Mauricio Macri
por el acuerdo pactado en Nueva York con esos grupos de la usura
internacional.
El magistrado Sebastián Casanello solicitó a la Jefatura de Gabinete
una copia de los documentos y decisiones administrativas relacionadas
con las negociaciones que realizó la Presidencia con los "holdouts",
informó el servicio de noticias MinutoUno.
De esa forma, el juez coincidió con el dictamen del fiscal Federico Delgado, quien impulsó la investigación legal contra Macri y senadores y diputados por su supuesta "autoría o participación" en la negociación con los fondos buitre.
"Creemos que hay que abrir una investigación penal", dijo el fiscal, aunque escéptico reflexionó que "las causas que giran en derredor de la deuda externa en general no avanzan", señaló MinutoUno.
Casanello recibió ayer la denuncia presentada por los abogados Eduardo Barcesat, Horacio Corti y Jorge Cholvis en representación del instituto Arturo Sampay por los supuestos delitos de "traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público".
Hoy el fiscal Delgado presentó el dictamen de apertura de la investigación a Casanello, quien aceptó la solicitud.
El fiscal recomendó que el Jefe de Gabinete ponga de inmediato a disposición todos los documentos en cualquier soporte vinculados directa o indirectamente con la cuestión de los fondos buitres
Delgado también sugirió al juez Casanella encomendar a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Universidad Torcuato Di Tella que designen un experto por lado, para que analicen esas políticas públicas.
El fiscal admitió que existen limitaciones en este tipo de investigaciones y más cuando se derogan leyes; sin embargo, advirtió que "de todas maneras, es factible investigar lo que pasó hasta ahora"
En la denuncia, se pide investigar una supuesta "negociación delictiva" con los fondos buitre y que se dicte una medida cautelar para frenar el pago hasta que haya "sentencia definitiva" en la causa.
Concretamente reclaman que se investigue si existen políticas públicas en curso de ejecución, para emitir deuda externa por 15.000 millones dólares destinada a acordar con el 6 por ciento de los bonistas que no ingresaron al canje de 2005.
En la demanda se compara que para el 93 por ciento que si lo hicieron se emitieron, según esa perspectiva, 30.000 millones de dólares.
Los demandantes reclaman que la administración Macri puso en marcha por decreto un megacanje de deuda por un total de 16.099 millones de dólares, que agregará nuevos intereses para el Estado Nacional.
Explican que se cambian dos Letras Intransferibles a tasas de interés casi nulas emitidas por el Tesoro Nacional y recibidas por el Banco Central (BCRA) en 2006 y 2010, por tres bonos denominados BONAR con vencimientos en el 2022, 2025 y 2027, y con tasas superiores al 7 por ciento.
La cifra de la operación podría trepar a 65.000 millones tal como lo admitió el ministro de Economía Prat Gay, si se completa el canje a otras Letras Intransferibles en poder del BCRA.
En esa operación participan el Tesoro Nacional y el Banco Central, junto a un grupo de bancos internacionales como el HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank y Goldman Sachs.
"Es decir que los funcionarios del Gobierno están encareciendo voluntariamente el costo del endeudamiento argentino favoreciendo a los bancos acreedores", sostiene el fiscal Delgado.
De esa forma, el juez coincidió con el dictamen del fiscal Federico Delgado, quien impulsó la investigación legal contra Macri y senadores y diputados por su supuesta "autoría o participación" en la negociación con los fondos buitre.
"Creemos que hay que abrir una investigación penal", dijo el fiscal, aunque escéptico reflexionó que "las causas que giran en derredor de la deuda externa en general no avanzan", señaló MinutoUno.
Casanello recibió ayer la denuncia presentada por los abogados Eduardo Barcesat, Horacio Corti y Jorge Cholvis en representación del instituto Arturo Sampay por los supuestos delitos de "traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público".
Hoy el fiscal Delgado presentó el dictamen de apertura de la investigación a Casanello, quien aceptó la solicitud.
El fiscal recomendó que el Jefe de Gabinete ponga de inmediato a disposición todos los documentos en cualquier soporte vinculados directa o indirectamente con la cuestión de los fondos buitres
Delgado también sugirió al juez Casanella encomendar a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Universidad Torcuato Di Tella que designen un experto por lado, para que analicen esas políticas públicas.
El fiscal admitió que existen limitaciones en este tipo de investigaciones y más cuando se derogan leyes; sin embargo, advirtió que "de todas maneras, es factible investigar lo que pasó hasta ahora"
En la denuncia, se pide investigar una supuesta "negociación delictiva" con los fondos buitre y que se dicte una medida cautelar para frenar el pago hasta que haya "sentencia definitiva" en la causa.
Concretamente reclaman que se investigue si existen políticas públicas en curso de ejecución, para emitir deuda externa por 15.000 millones dólares destinada a acordar con el 6 por ciento de los bonistas que no ingresaron al canje de 2005.
En la demanda se compara que para el 93 por ciento que si lo hicieron se emitieron, según esa perspectiva, 30.000 millones de dólares.
Los demandantes reclaman que la administración Macri puso en marcha por decreto un megacanje de deuda por un total de 16.099 millones de dólares, que agregará nuevos intereses para el Estado Nacional.
Explican que se cambian dos Letras Intransferibles a tasas de interés casi nulas emitidas por el Tesoro Nacional y recibidas por el Banco Central (BCRA) en 2006 y 2010, por tres bonos denominados BONAR con vencimientos en el 2022, 2025 y 2027, y con tasas superiores al 7 por ciento.
La cifra de la operación podría trepar a 65.000 millones tal como lo admitió el ministro de Economía Prat Gay, si se completa el canje a otras Letras Intransferibles en poder del BCRA.
En esa operación participan el Tesoro Nacional y el Banco Central, junto a un grupo de bancos internacionales como el HSBC, JP Morgan, Deutsche Bank, Citibank y Goldman Sachs.
"Es decir que los funcionarios del Gobierno están encareciendo voluntariamente el costo del endeudamiento argentino favoreciendo a los bancos acreedores", sostiene el fiscal Delgado.
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