BUENOS AIRES.- Con el inicio del análisis del pago a los fondos buitre en el Senado
argentino, hoy acontecen los primeros choques entre el oficialismo
reacio a aceptar nuevas modificaciones y bloques opositores que reclaman
cambios.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda abrió sus puertas este jueves por
segundo día para escuchar la opinión de expertos, sindicalistas y ocho
gobernadores provinciales, y así avanzar en el estudio del anteproyecto
antes de emitir dictamen, previsto para el martes próximo.
Al igual que en la Cámara de Diputados, en el Senado prevalece la misma idea de que el pago será oneroso para el país pero no hay más remedio que hacerlo.
El exministro de Economía del fallecido presidente Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, afirmó que el acuerdo negociado por el Ejecutivo en Nueva York es "malo, extremadamente caro, pero inevitable".
Por una deuda de cinco mil millones de dólares, el país ahora se estará endeudando en 12.500 millones, señaló Lavagna, uno de los expertos, quien opinó que, si no se aprueba el acuerdo, "el Gobierno quedaría debilitado y eso no conviene a nadie".
A partir de la idea de que no hay otra opción que cuadrar con los fondos buitre, Liliana Negre de Alonso, senadora por San Luis de Compromiso Federal, planteó incluir un articulo el cual exija que solo por ley especial y previa del Congreso se autorice únicamente un nuevo endeudamiento.
Recalcó que ese acápite deberá fijar que cada vez que haya uno tenga que haber una ley especial, e igualmente la prórroga de jurisdicción tiene que estar autorizada previa y expresamente por el Congreso, dijo la senadora.
Alonso manifestó que la exposición ayer del ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, "dejó pendientes algunas inquietudes" y que los funcionarios "se comprometieron a mandar elementos que faltarían para poder completar toda la información".
Pero, el jefe de la oficialista Alianza Cambiemos, Federico Pinedo, rechazó incluir nuevas modificaciones a las ya hechas en la cámara baja porque en su opinión se pondría en riesgo el pago el 14 de abril, ya que los cambios obligarían a enviar el proyecto de nuevo a Diputados.
Pinedo insistió en que la Comisión de Presupuesto y Hacienda debe dar dictamen el martes para que el proyecto pase al pleno antes de fin de mes, y así cumplir con lo exigido por lo acordado de pagar antes del día 14.
En la audiencia de este jueves, siete gobernadores, entre estos cuatro del Frente para la Victoria, apoyaron el pago excepto la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.
Al mismo tiempo siguen las amenazas desde el oficialismo de que, si no hay arreglo con los bonistas litigantes, el país sufrirá un mayor ajuste, una hiperdevaluación y habrán millares de despidos.
En su exposición ante los senadores, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cercano aliado del presidente Mauricio Macri, adujo que "pagamos y nos endeudamos o despedimos a 15.000 empleados".
De todas formas, senadores de la oposición exigieron al Ejecutivo dar garantías de que otros tenedores de bonos no abrirán nuevos litigios y que no habrán nuevas medidas cautelares contra el país para pagarles.
Al igual que en la Cámara de Diputados, en el Senado prevalece la misma idea de que el pago será oneroso para el país pero no hay más remedio que hacerlo.
El exministro de Economía del fallecido presidente Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, afirmó que el acuerdo negociado por el Ejecutivo en Nueva York es "malo, extremadamente caro, pero inevitable".
Por una deuda de cinco mil millones de dólares, el país ahora se estará endeudando en 12.500 millones, señaló Lavagna, uno de los expertos, quien opinó que, si no se aprueba el acuerdo, "el Gobierno quedaría debilitado y eso no conviene a nadie".
A partir de la idea de que no hay otra opción que cuadrar con los fondos buitre, Liliana Negre de Alonso, senadora por San Luis de Compromiso Federal, planteó incluir un articulo el cual exija que solo por ley especial y previa del Congreso se autorice únicamente un nuevo endeudamiento.
Recalcó que ese acápite deberá fijar que cada vez que haya uno tenga que haber una ley especial, e igualmente la prórroga de jurisdicción tiene que estar autorizada previa y expresamente por el Congreso, dijo la senadora.
Alonso manifestó que la exposición ayer del ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, "dejó pendientes algunas inquietudes" y que los funcionarios "se comprometieron a mandar elementos que faltarían para poder completar toda la información".
Pero, el jefe de la oficialista Alianza Cambiemos, Federico Pinedo, rechazó incluir nuevas modificaciones a las ya hechas en la cámara baja porque en su opinión se pondría en riesgo el pago el 14 de abril, ya que los cambios obligarían a enviar el proyecto de nuevo a Diputados.
Pinedo insistió en que la Comisión de Presupuesto y Hacienda debe dar dictamen el martes para que el proyecto pase al pleno antes de fin de mes, y así cumplir con lo exigido por lo acordado de pagar antes del día 14.
En la audiencia de este jueves, siete gobernadores, entre estos cuatro del Frente para la Victoria, apoyaron el pago excepto la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.
Al mismo tiempo siguen las amenazas desde el oficialismo de que, si no hay arreglo con los bonistas litigantes, el país sufrirá un mayor ajuste, una hiperdevaluación y habrán millares de despidos.
En su exposición ante los senadores, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, cercano aliado del presidente Mauricio Macri, adujo que "pagamos y nos endeudamos o despedimos a 15.000 empleados".
De todas formas, senadores de la oposición exigieron al Ejecutivo dar garantías de que otros tenedores de bonos no abrirán nuevos litigios y que no habrán nuevas medidas cautelares contra el país para pagarles.
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