BRUSELAS.- Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE)
cerraron hoy un acuerdo político para reforzar el intercambio de
información fiscal sobre multinacionales entre los estados miembros.
En el último de dos días de reunión del Ecofin, se precisó este arreglo, cuyos datos no serán públicos.
El ministro de Finanzas de Holanda, Jeroen Dijsselbloem, que preside los encuentros del Ecofin este semestre, señaló que tienen un trato para revisar la directiva sobre cooperación administrativa.
Dijsselbloem se mostró muy satisfecho con esa decisión que calificó como un importante primer paso que ayudará a seguir implementando las normas de la Base de Imposición y la Transferencia de Beneficios (BEPS) contra la elusión fiscal de las compañías.
Estas normas, promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, persiguen que las empresas paguen impuestos allí donde los generan.
Se trata de una cuestión que impulsa gran interés tras los escándalos descubiertos en los años pasados por el bajo nivel de impuestos que pagan algunas multinacionales como Starbucks o Fiat.
La propuesta obligará a las multinacionales a proporcionar al país donde se encuentra su matriz información sobre ingresos, beneficios, impuestos pagados y a deber, ganancias acumuladas, número de empleados y ciertos activos que tiene cada compañía de su grupo.
Los países de la Unión Europea intercambiarán pues información fiscal de compañías multinacionales a partir de una nueva normativa respaldada hoy por los ministros de Finanzas de la UE dirigida a impedir que grandes empresas eludan pagar lo que les corresponde a las arcas estatales.
Las normas, que deben entrar en vigor a finales de este año, responden a la creciente preocupación por la evasión de impuestos corporativos, que cuesta a los erarios públicos de la UE 70.000 millones de euros al año, según una estimación del Parlamento Europeo.
"Hoy hemos alcanzado un acuerdo político sobre cooperación entre administraciones tributarias", dijo el ministro de Finanzas holandés, Jeroen Dijsselbloem, que presidió la reunión de ministros de la UE en Bruselas.
Las nuevas normas obligarán a las grandes empresas a revelar datos sobre ingresos, beneficios e impuestos a las administraciones de todos los países de la UE en los que operan. Esos datos a continuación serán intercambiados entre los 28 estados de la UE.
El acuerdo de la UE va más allá de las directrices internacionales conocidas como anti-BEPS (Erosión de la Base Tributaria y Deslocalización de Beneficios), acordados por el G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Dichas directrices no obligan a filiales de países extranjeros a revelar los datos fiscales de su grupo matriz, mientras que las normas de la UE afectarán a las multinacionales extranjeras que tienen filiales en la Unión Europea, dijeron responsables de la UE.
Debido a las preocupaciones expresadas por Alemania y otros estados europeos de que las medidas podrían ahuyentar a los inversores extranjeros, las nuevas normas sólo serán obligatorias para las empresas extranjeras a partir de 2017.
Se prevé que las normas se adopten formalmente en junio, dijo Dijsselbloem, y necesitarán aprobación unánime de los 28 estados de la UE.
A pesar de los recelos de algunos gobiernos de la UE, el comisario europeo Pierre Moscovici está considerando proponer en las próximas semanas cláusulas más atrevidas para que los datos del impuesto de sociedades estén a disposición del público, y no sólo de las administraciones estatales.
El ministro de Finanzas de Holanda, Jeroen Dijsselbloem, que preside los encuentros del Ecofin este semestre, señaló que tienen un trato para revisar la directiva sobre cooperación administrativa.
Dijsselbloem se mostró muy satisfecho con esa decisión que calificó como un importante primer paso que ayudará a seguir implementando las normas de la Base de Imposición y la Transferencia de Beneficios (BEPS) contra la elusión fiscal de las compañías.
Estas normas, promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, persiguen que las empresas paguen impuestos allí donde los generan.
Se trata de una cuestión que impulsa gran interés tras los escándalos descubiertos en los años pasados por el bajo nivel de impuestos que pagan algunas multinacionales como Starbucks o Fiat.
La propuesta obligará a las multinacionales a proporcionar al país donde se encuentra su matriz información sobre ingresos, beneficios, impuestos pagados y a deber, ganancias acumuladas, número de empleados y ciertos activos que tiene cada compañía de su grupo.
Los países de la Unión Europea intercambiarán pues información fiscal de compañías multinacionales a partir de una nueva normativa respaldada hoy por los ministros de Finanzas de la UE dirigida a impedir que grandes empresas eludan pagar lo que les corresponde a las arcas estatales.
Las normas, que deben entrar en vigor a finales de este año, responden a la creciente preocupación por la evasión de impuestos corporativos, que cuesta a los erarios públicos de la UE 70.000 millones de euros al año, según una estimación del Parlamento Europeo.
"Hoy hemos alcanzado un acuerdo político sobre cooperación entre administraciones tributarias", dijo el ministro de Finanzas holandés, Jeroen Dijsselbloem, que presidió la reunión de ministros de la UE en Bruselas.
Las nuevas normas obligarán a las grandes empresas a revelar datos sobre ingresos, beneficios e impuestos a las administraciones de todos los países de la UE en los que operan. Esos datos a continuación serán intercambiados entre los 28 estados de la UE.
El acuerdo de la UE va más allá de las directrices internacionales conocidas como anti-BEPS (Erosión de la Base Tributaria y Deslocalización de Beneficios), acordados por el G-20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Dichas directrices no obligan a filiales de países extranjeros a revelar los datos fiscales de su grupo matriz, mientras que las normas de la UE afectarán a las multinacionales extranjeras que tienen filiales en la Unión Europea, dijeron responsables de la UE.
Debido a las preocupaciones expresadas por Alemania y otros estados europeos de que las medidas podrían ahuyentar a los inversores extranjeros, las nuevas normas sólo serán obligatorias para las empresas extranjeras a partir de 2017.
Se prevé que las normas se adopten formalmente en junio, dijo Dijsselbloem, y necesitarán aprobación unánime de los 28 estados de la UE.
A pesar de los recelos de algunos gobiernos de la UE, el comisario europeo Pierre Moscovici está considerando proponer en las próximas semanas cláusulas más atrevidas para que los datos del impuesto de sociedades estén a disposición del público, y no sólo de las administraciones estatales.
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