MADRID.- La agencia de
calificación de riesgos Standard & Poor's ha decidido hoy mantener
la nota de la deuda soberana española en aprobado alto (BBB+) con
perspectiva estable "a pesar de la incertidumbre política y los retos
presupuestarios".
En su revisión, la agencia de "rating" proyecta un crecimiento del PIB español de un 2,5 % de media entre los años 2016 y 2019.
Además, considera que el déficit público irá reduciéndose desde el
5,2 % del PIB con el que ha cerrado 2015, en el caso de que continúe la
recuperación del mercado laboral.
S&P añade que serán necesarios ajustes adicionales si España decide retomar sus esfuerzos de consolidación tras esta desviación.
Responsabiliza del incumplimiento al "acomodo" de la política fiscal en 2015, debido entre otras cosas a las elecciones generales (vinculan a esta cita la rebaja fiscal y el pago de una parte de la paga extra a los funcionarios) y a los comicios autonómicos, donde también se disparó el gasto.
También menciona la reclasificación dentro de las administraciones públicas de la matriz de Bankia, BFA, operación a la que achaca un incremento del déficit del 0,1 % del PIB y que habría añadido un 0,2 % del PIB a la deuda pública.
No obstante, considera que el déficit público irá reduciéndose siempre que continúe la recuperación del mercado laboral y que los riesgos de deflación se mantengan bajo control.
Para 2016, cree que la diferencia entre ingresos y gastos públicos será del 4 % del PIB, frente al objetivo del 2,8 %, en parte por el problema del déficit de la Seguridad Social, que refleja que muchos de los empleos que se han creado recientemente son temporales, asegura.
La perspectiva estable de la nota española se debe a que ha compensado los riesgos de una alta deuda externa, en medio de la incertidumbre política, con sus expectativas de continuidad de recuperación de la economía.
De hecho, si no se revierten las reformas, la agencia de calificación prevé que se mantenga la caída del paro hasta el año 2018.
De deshacerse estas reformas estructurales, incluida la del mercado laboral, el camino del crecimiento económico y del empleo se ralentizaría, según S&P.
La agencia advierte asimismo de que una incertidumbre política prolongada podría empeorar los riesgos a los que se enfrenta la economía, y alaba las reformas puestas en marcha desde 2010 (año en el que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció fuertes ajustes).
Uno de los principales riesgos a los que se enfrenta España, a su juicio, es que "próximos gobiernos" no mantengan o no aumenten esta política reformista.
En todo caso, la agencia dice asumir una continuidad general en las políticas del próximo gobierno, y espera que los acontecimientos en Cataluña no debiliten la confianza de los inversores.
Así, una de las asunciones "clave" de S&P es que las tensiones entre Cataluña y el gobierno central se irán apaciguando y que la región continuará siendo parte de España.
La agencia de calificación de
riesgos, que elevó la nota de la deuda el pasado octubre por el sólido
comportamiento de la economía, proyecta un crecimiento del PIB español
de un 2,5 % de media entre los años 2016 y 2019, frente al 1,7 % de la
zona euro.
Este "fuerte crecimiento" de la economía española, frente al de su
entorno comunitario, compensaría tanto la alta deuda externa como
pública, así como la "débil" situación fiscal del país, con un déficit
público que se ha elevado a 5,16 % del PIB en 2015, un punto más de lo
pactado con la Comisión Europea (CE).S&P añade que serán necesarios ajustes adicionales si España decide retomar sus esfuerzos de consolidación tras esta desviación.
Responsabiliza del incumplimiento al "acomodo" de la política fiscal en 2015, debido entre otras cosas a las elecciones generales (vinculan a esta cita la rebaja fiscal y el pago de una parte de la paga extra a los funcionarios) y a los comicios autonómicos, donde también se disparó el gasto.
También menciona la reclasificación dentro de las administraciones públicas de la matriz de Bankia, BFA, operación a la que achaca un incremento del déficit del 0,1 % del PIB y que habría añadido un 0,2 % del PIB a la deuda pública.
No obstante, considera que el déficit público irá reduciéndose siempre que continúe la recuperación del mercado laboral y que los riesgos de deflación se mantengan bajo control.
Para 2016, cree que la diferencia entre ingresos y gastos públicos será del 4 % del PIB, frente al objetivo del 2,8 %, en parte por el problema del déficit de la Seguridad Social, que refleja que muchos de los empleos que se han creado recientemente son temporales, asegura.
La perspectiva estable de la nota española se debe a que ha compensado los riesgos de una alta deuda externa, en medio de la incertidumbre política, con sus expectativas de continuidad de recuperación de la economía.
De hecho, si no se revierten las reformas, la agencia de calificación prevé que se mantenga la caída del paro hasta el año 2018.
De deshacerse estas reformas estructurales, incluida la del mercado laboral, el camino del crecimiento económico y del empleo se ralentizaría, según S&P.
La agencia advierte asimismo de que una incertidumbre política prolongada podría empeorar los riesgos a los que se enfrenta la economía, y alaba las reformas puestas en marcha desde 2010 (año en el que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció fuertes ajustes).
Uno de los principales riesgos a los que se enfrenta España, a su juicio, es que "próximos gobiernos" no mantengan o no aumenten esta política reformista.
En todo caso, la agencia dice asumir una continuidad general en las políticas del próximo gobierno, y espera que los acontecimientos en Cataluña no debiliten la confianza de los inversores.
Así, una de las asunciones "clave" de S&P es que las tensiones entre Cataluña y el gobierno central se irán apaciguando y que la región continuará siendo parte de España.
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