SAN JUAN.- Amparado en la nueva Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación
Financiera de Puerto Rico, el gobernador Alejandro García Padilla
decretó hoy una emergencia para el Banco Gubernamental de Fomento (BGF,
central).
El periodo de emergencia, dijo el mandatario, es "en aras de proteger y
preservar los servicios esenciales de salud, seguridad y bienestar de
los residentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".
Según declaraciones escritas emitida por La Fortaleza, sede del ejecutivo, con este mecanismo se establecen procedimientos razonables y necesarios para preservar la liquidez del BGF.
Por tanto, dijo García Padilla, se permite a la institución financiera continuar sus operaciones en beneficio de la salud, seguridad y bienestar del pueblo.
El decreto es el primero relacionado con la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, dirigida a atender las necesidades prioritarias en medio de la crisis fiscal que experimenta esta nación del Caribe, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde 1898.
Además, se indicó que se procede con la intención de propiciar negociaciones constructivas entre el BGF y sus acreedores.
"A la luz de las conversaciones en curso, esta orden ejecutiva no impone una moratoria sobre el pago de principal o interés en bonos emitidos por el BGF", aclaró García Padilla en medio de informes periodísticos que anticipan un impago de 422 millones el próximo 1 de mayo.
Puerto Rico tiene una deuda pública de 70.000 millones de dólares, de los cuales 49 millones corresponden al BGF, que tiene funciones parecidas a un banco central.
La deuda de la institución financiera está garantizada por la constitución del ELA, sistema de gobierno establecido en 1952 con el fin de dar cierta autonomía a Puerto Rico, para sacarlo de la lista de países coloniales de las Naciones Unidas.
El gobernador se mostró esperanzado en que las negociaciones con los acreedores alcancen "acuerdos justos para beneficio del pueblo de Puerto Rico".
Puerto Rico navega en un mar de incertidumbre económica y fiscal que parece dirigirlo a la insolvencia total ante la pasividad mostrada por Washington, que se ha negado a lanzarle un salvavidas frente a las presiones que ejercen los acreedores, en particular los tenedores de fondos buitre.
Según declaraciones escritas emitida por La Fortaleza, sede del ejecutivo, con este mecanismo se establecen procedimientos razonables y necesarios para preservar la liquidez del BGF.
Por tanto, dijo García Padilla, se permite a la institución financiera continuar sus operaciones en beneficio de la salud, seguridad y bienestar del pueblo.
El decreto es el primero relacionado con la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, dirigida a atender las necesidades prioritarias en medio de la crisis fiscal que experimenta esta nación del Caribe, bajo la dominación colonial de Estados Unidos desde 1898.
Además, se indicó que se procede con la intención de propiciar negociaciones constructivas entre el BGF y sus acreedores.
"A la luz de las conversaciones en curso, esta orden ejecutiva no impone una moratoria sobre el pago de principal o interés en bonos emitidos por el BGF", aclaró García Padilla en medio de informes periodísticos que anticipan un impago de 422 millones el próximo 1 de mayo.
Puerto Rico tiene una deuda pública de 70.000 millones de dólares, de los cuales 49 millones corresponden al BGF, que tiene funciones parecidas a un banco central.
La deuda de la institución financiera está garantizada por la constitución del ELA, sistema de gobierno establecido en 1952 con el fin de dar cierta autonomía a Puerto Rico, para sacarlo de la lista de países coloniales de las Naciones Unidas.
El gobernador se mostró esperanzado en que las negociaciones con los acreedores alcancen "acuerdos justos para beneficio del pueblo de Puerto Rico".
Puerto Rico navega en un mar de incertidumbre económica y fiscal que parece dirigirlo a la insolvencia total ante la pasividad mostrada por Washington, que se ha negado a lanzarle un salvavidas frente a las presiones que ejercen los acreedores, en particular los tenedores de fondos buitre.
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