BUENOS AIRES.- El gobierno de Mauricio Macri se ve imposibilitado de pagar a los
fondos buitre como se comprometió el 14 de abril, por lo que negociará
una postergación del plazo con trámites que comienzan hoy.
Cuando restan apenas ocho días para cumplir el acuerdo con los
bonistas litigantes en Nueva York, las partes vuelven a discutir, ahora,
por la postergación del pacto lo cual implicará un cambio en estos pero
sin mayores consecuencias, señala Infonews.
La administración Macri obtuvo la autorización del Congreso para endeudar al país en 12.500 millones de dólares, dinero con el que se saldaría al contado a los fondos buitre y a otros litigantes norteamericanos e italianos.
Lo que pidió el juez Thomas Griesa para avalar el arreglo fue básicamente que el Congreso argentino derogara las leyes Cerrojo y Pago Soberano promulgadas en su momento precisamente para salvaguardar la soberanía financiera del país.
Una vez obtenida esa exigencia no importa que el pago se haga efectivo un poco más tarde si ya el magistrado y los reclamantes consiguieron lo que perseguían.
Los fondos buitre esperaban que Argentina realizara el pago en efectivo el 14 de abril, según la fecha prevista en el acuerdo firmado a fines de febrero.
Empero, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, reconoció la víspera que no hay tiempo para reunir el dinero requerido por lo que no se podría cumplir con lo pactado, lo cual no sorprendió a los bonistas, según informó el diario La Nación.
Ante la sugerencia de Prat-Gay de que los fondos estiren el plazo, estos consideraron que "la urgencia debería ser de Argentina", dijeron a ese periódico fuentes cercanas a los "holdouts".
La Nación indicó que el grupo de capitales NML que obtendrá ganancias por mil 200 por ciento por encima de lo que le costó comprar los bonos de deuda está dispuesto a ampliar los plazos previstos en el acuerdo firmado.
La administración Macri obtuvo la autorización del Congreso para endeudar al país en 12.500 millones de dólares, dinero con el que se saldaría al contado a los fondos buitre y a otros litigantes norteamericanos e italianos.
Lo que pidió el juez Thomas Griesa para avalar el arreglo fue básicamente que el Congreso argentino derogara las leyes Cerrojo y Pago Soberano promulgadas en su momento precisamente para salvaguardar la soberanía financiera del país.
Una vez obtenida esa exigencia no importa que el pago se haga efectivo un poco más tarde si ya el magistrado y los reclamantes consiguieron lo que perseguían.
Los fondos buitre esperaban que Argentina realizara el pago en efectivo el 14 de abril, según la fecha prevista en el acuerdo firmado a fines de febrero.
Empero, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, reconoció la víspera que no hay tiempo para reunir el dinero requerido por lo que no se podría cumplir con lo pactado, lo cual no sorprendió a los bonistas, según informó el diario La Nación.
Ante la sugerencia de Prat-Gay de que los fondos estiren el plazo, estos consideraron que "la urgencia debería ser de Argentina", dijeron a ese periódico fuentes cercanas a los "holdouts".
La Nación indicó que el grupo de capitales NML que obtendrá ganancias por mil 200 por ciento por encima de lo que le costó comprar los bonos de deuda está dispuesto a ampliar los plazos previstos en el acuerdo firmado.
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