PARÍS.- La economía francesa
crecerá un 1,5 % en 2016 y promediará un 1,75 % en los cinco años
siguientes, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que hizo notar
que son cifras "modestas" y que el país afronta dos grandes desafíos,
la creación de empleo y la sostenibilidad de sus cuentas públicas.
Las previsiones del FMI, que aparecen en un informe publicado al
término de una visita a Francia, coinciden con las del Gobierno en lo
que respecta al producto interior bruto (PIB) y son ligeramente más
optimistas que las de la Comisión Europea, que sólo espera un 1,3 % de
progresión este año.
Los autores del informe apuntaron que esa evolución está condicionada
a que no se produzcan choques económicos, algo que "no se puede dar por
supuesto", y que quedaría amenazada por nuevos episodios de estrés en
los mercados financieros, en las economías emergentes o por el
estancamiento de la eurozona.
En lo que no coincide el FMI con el Ejecutivo del presidente francés,
el socialista François Hollande, es con las proyecciones sobre las
cuentas, y eso pese a que el pasado año se cerró con un déficit público
inferior al anticipado anteriormente, en concreto del 3,6 % del PIB.
La razón es que ese logro fue consecuencia de los efectos de la
recuperación cíclica y de los ahorros en el pago de la deuda gracias al
descenso de los tipos de interés, pero al margen de esos elementos el
ajuste fiscal fue prácticamente nulo.
Por eso, el FMI augura que en 2017 Francia llegará justo al objetivo
del 3 % de déficit (no el 2,7 % que espera el Gobierno) y que no se
cumplirá la meta de alcanzar un equilibrio estructural de las cuentas
públicas en cinco años.
En paralelo, la deuda pública va a subir hasta el 98 % del PIB en 2017, y a partir de entonces bajará, pero lentamente.
Para modificar esa evolución, los autores del estudio apuestan por
limitar la evolución del gasto público a la de la inflación, lo que pasa
por "profundas reformas" que permitirían un ajuste estructural de
alrededor de medio punto de PIB al año.
Agregaron que Francia es uno de los países europeos con un mayor peso del gasto público, en concreto un 57 % del PIB.
Entre las reformas que proponen, destacan limitar la masa salarial
dedicada a la remuneración de los empleados públicos -el 13 % del PIB-,
una mayor selectividad en los programas sociales, elevar la edad de
jubilación o recurrir más a los medicamentos genéricos.
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