PARÍS.- El Gobierno francés permanecía
firme este sábado frente a la revuelta social contra la reforma laboral,
ante una nueva semana de movilizaciones convocadas por los sindicatos,
que quieren mantener el pulso con las autoridades para obtener la
retirada del proyecto.
"Mi puerta sigue abierta, sigo dispuesto a
discutir, pero cuando un texto ha sido discutido, ha suscitado
compromisos con las partes sociales, ha sido adoptado por la Asamblea
Nacional (cámara baja), considero que mi responsabilidad es ir hasta el
final", declaró el primer ministro, Manuel Valls, a los lectores del
diario Aujourd'hui en France.
Desde hace casi tres meses, el
texto, actualmente en discusión en el Parlamento, divide a la mayoría
socialista en el poder, al tiempo que sus detractores directamente
tratan de paralizar el país para forzar su retirada.
"Me mantendré
firme porque es una buena reforma", aseguró el viernes el jefe de
Estado, François Hollande, al final de la cumbre del G7 en Japón,
reiterando su apoyo a su primer ministro. "Retirar el texto de ley sería
una mala cosa para los empleados", insistió este sábado Manuel Valls.
Valls
se reunía con los grupos petroleros y los transportistas, dos de los
sectores más afectados por los bloqueos organizados por los detractores
de la reforma.
El objetivo de esta reunión es analizar el
suministro actual de carburante, perturbado estos últimos días tras la
paralización total o parcial de seis de las ocho refinerías francesas.
Las
fuerzas del orden desbloquearon el viernes unos 15 depósitos petroleros
(de los 100 que tiene el país) pero un 20% de las estaciones de
servicio seguían en dificultades de suministro, según el Gobierno.
"Seguiremos
evacuando con determinación", insistió Valls, frente a la alarma del
sector hotelero y de restauración que ha señalado "anulaciones
importantes" en París y en el oeste de Francia por culpa de las huelgas y
de los problemas de carburante.
Confrontados al racionamiento de
carburante, los franceses reaccionan de forma contradictoria. Se quejan
en las colas para obtener carburante pero al mismo tiempo son cada vez
más partidarios de la suspensión del texto. Siete de cada diez franceses
quieren la retirada del proyecto "para evitar la paralización del
país", según un sondeo.
El jueves, decenas de miles de
manifestantes (300.000 según el sindicato CGT, 153.000, según las
autoridades) salieron de nuevo a la calle en toda Francia. Los ocho
sindicatos opuestos a la ley, que consideran excesivamente liberal,
llamaron el viernes a "continuar y amplificar la movilización".
El
conflicto podría propagarse la próxima semana a los transportes. El
martes, en una jornada que se anuncia crucial a menos de dos semanas del
inicio de la Eurocopa de fútbol, están convocadas huelgas en la red
ferroviaria, el metro parisino y la aviación civil.
El 14 de junio, se anuncia una novena jornada de movilización, con una "importante manifestación nacional" en París.
El
viernes, el responsable de la patronal, Pierre Gattaz, denunció
"métodos propios de delincuentes", tachó de "irresponsables" a los
detractores de la ley y llamó a "resistir al chantaje" de los sindicatos
contestatarios.
Por su parte, el líder del sindicato CGT,
Philippe Martinez, denunció lo que considera "clima de odio" existente
en el Gobierno y la patronal.
El pulso entre las dos principales
fuerzas, el sindicato CGT y el Gobierno, esconde la "relativa
fragilidad" que ambas están atravesando, observó el viernes el diario Le
Monde.
Por un lado, la CGT ha decidido radicalizar sus acciones
desde que ha ido perdiendo fuelle desde hace dos años. El gobierno
socialista, por su parte, está batiendo récords de impopularidad.
Incluso en el seno de la formación, unos 50 diputados "rebeldes"
pidieron a François Hollande actuar para salir de la crisis teniendo en
cuenta "la oposición mayoritaria en Francia" de la reforma.
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