PARÍS.- Francia se prepara
para un nuevo pulso entre el Gobierno y gran parte de los sindicatos por
la reforma laboral que tramita el Ejecutivo socialista, un polémico
texto que se enfrentará esta semana a otra oleada de huelgas y bloqueos
en los sectores de los transportes públicos y de la energía.
"Retirar el texto sería malo para los asalariados. Mi puerta está
siempre abierta, siempre estoy dispuesto a hablar" pero "considero que
es mi responsabilidad ir hasta el final", declaró el primer ministro,
Manuel Valls, en una entrevista publicada este sábado en Le Parisien,
antes de reunirse con representantes del sector petrolero.
Tras ese encuentro, el Ejecutivo diagnosticó una mejoría en la
persistente crisis de abastecimiento de combustible y garantizó el
suministro de petróleo, después de una semana con largas esperas en las
gasolineras de todo el país ante la escasez provocada por el bloqueo de
depósitos y refinerías por huelguistas.
Esa reunión supuso también un nuevo gesto de firmeza del Gobierno,
que ha cerrado filas en torno al proyecto de ley y promete aguantar el
desafío sindical durante el mes que queda para su ratificación
definitiva en la Asamblea Nacional.
"Mantengo mi posición porque pienso que es una buena reforma y que
debemos avanzar hacia su adopción", declaró el pasado viernes desde
Japón, al margen de una reunión del G7, el presidente de Francia,
François Hollande, sobre una reforma que apoya la patronal francesa e
instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero que
rechaza el ala más a la izquierda del Partido Socialista (PS).
Entre los puntos más polémicos de la llamada "ley El Khomri", por el
apellido de la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, como un techo
orientativo a las indemnizaciones por cese o las condiciones para
justificar un despido económico, destaca el artículo que privilegia los
acuerdos entre empresarios y trabajadores frente a los convenios
colectivos.
El estallido social, que se prolonga desde el pasado enero y se ha
recrudecido en las últimas semanas, le ha pasado factura a sus
principales actores.
La popularidad de Valls se sitúa en el 24 %, su nivel más bajo desde
que tomó las riendas del Gobierno en marzo de 2014 tras una sangría de
15 puntos de aprobación desde el pasado enero y 6 sólo en el mes de
abril.
Pero también se sufre la imagen de Philippe Martinez, el líder de la
Confederación General de Trabajadores (CGT), primer sindicato de Francia
por afiliados y la más aguerrida de las siete organizaciones que se
oponen a la reforma.
La popularidad de Martinez, sindicalista parisino de padres cántabros
que ha puesto contra las cuerdas a Valls, nacido en Barcelona, también
se resiente en la opinión pública: el 67 % de los franceses tiene una
opinión negativa de él, el 63 % de la CGT y el 58 % no confía en la dura
estrategia de contestación adoptada por la CGT.
En la estrategia de la CGT subyace también una lucha de poder entre
las centrales sindicales, después de que ese histórico sindicato haya
visto como el reformista CFDT, que acepta la reforma laboral con algunas
modificaciones, le va ganando terreno entre los afiliados.
Con todo, la reforma -que no estaba en el programa electoral que
llevó a Hollande al Palacio del Elíseo- no agrada a gran parte de la
población francesa, tradicionalmente contestataria contra los recortes
sociales.
Hasta ahora, las encuestas arrojaban que el 70 % de los ciudadanos se
oponían a la reforma, pero esa cifra ha caído al 46 %, según un sondeo
publicado por el periódico "Journal du Dimache" hoy, antes de que
arranque una semana con convocatorias de huelga -algunas indefinidas- el
próximo martes en los trenes, el metro de París y la aviación civil.
A dos semanas de que empiece la Eurocopa de Francia, las protestas
serán el preludio de una nueva jornada de movilización general en las
calles programada para el 14 de junio, cuando el país esté sumergido en
el interés mediático internacional del torneo de fútbol.
El termómetro para medir el desgaste de Gobierno y sindicatos llegada
esa jornada será la afluencia de manifestantes en todo el país a las
protestas del pasado jueves (300.000 según la CGT y 153.000 según el
Gobierno).
Mientras tanto, el 66 % de los franceses teme que la protesta
desemboque en una paralización total del país como en 1995, cuando se
intentaba frenar la reforma de la Seguridad Social y el entonces
Gobierno conservador terminó edulcorando su propuesta.
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