PARÍS.- El pulso que se
libra desde hace meses en la izquierda francesa se avivó hoy cuando un
grupo de diputados socialistas intentó una moción de censura contra el
gobierno de su propio partido, tras la adopción, sin aval parlamentario,
de la reforma laboral impulsada por el presidente François Hollande.
Los llamados diputados disidentes, representantes del área más
izquierdista del Partido Socialista (PS), se quedaron a dos votos de los
58 que necesitaban para presentar la moción de censura contra el
Ejecutivo del primer ministro francés, Manuel Valls.
Según el diputado socialista Laurent Baumel, uno de los dirigentes de
los críticos, entre los que apoyaron la moción figuraban 30
socialistas, además de excomunistas y ecologistas.
Pero el hecho mismo de haberlo intentado y de haber trabajado hasta
el último minuto para abrir este frente contra el Gobierno muestra la
divergencia profunda que existe dentro de la izquierda.
Hasta ahora, los disidentes se habían conformado con criticar el
sesgo liberal de la política gubernamental, pero hoy dieron un paso más
al mostrar que son capaces de intentar tumbar al Ejecutivo.
Aunque apenas representan un 10 % de los 296 diputados socialistas,
son clave porque privan al Gobierno de una mayoría suficiente para
adoptar leyes, lo que hace improbable que el PS lleve adelante las
amenazas de expulsión que habían lanzado algunos de los parlamentarios
leales a Valls.
La situación quedó clara ayer, martes, cuando tras comprobar que
carecía del necesario respaldo parlamentario, Valls, se saltó el trámite
parlamentario para aprobar la reforma laboral y recurrió al artículo
49.3 de la Constitución francesa.
Dicho artículo establece que, en determinados casos de orden
financiero o de financiación de la seguridad social, el primer ministro
puede impulsar una ley sin el aval de los diputados, quienes tienen el
recurso de llevar a cabo una moción de censura, como la que hoy no
prosperó por no darse el número mínimo de ellos para someterla a
trámite.
De hecho, ya ayer, martes, la oposición conservadora presentó su
moción de censura, abocada al fracaso puesto que los rebeldes
socialistas anunciaron que no la apoyarían.
Más simbólico hubiera sido ver al Ejecutivo salvar también otra
censura promovida desde sus propias filas, lo que habría afianzado su
imagen de aislamiento, a un año de las elecciones presidenciales y
legislativas.
Pese a que todo apunta a que Valls salvará el trámite mañana, jueves,
está dejando mucho de su crédito en la reforma laboral, tras haber
recurrido de nuevo el año pasado al artículo 49.3 para aprobar la
llamada "ley Macron", también catalogada de liberal.
La reforma laboral no cuenta ni con el respaldo de la patronal, que
la considera demasiado tibia, ni con el de la mayoría de los sindicatos,
que mantienen convocadas tres nuevas jornadas de manifestaciones y
huelgas contra ella.
Los franceses están de nuevo llamados mañana a manifestarse, al igual
que el martes y el jueves de la semana próxima, en un intento de
afianzar la oposición de la calle a la ley.
Se sumarán a las cinco jornadas de protesta en los dos últimos dos
meses, tras una de las cuales nació el llamado movimiento "Nuit debout"
(Noche en pié), que agrupa a decenas de "indignados" en la parisiense
plaza de la República y en otras ciudades del país.
Una situación que debilita al presidente Hollande a un año de las elecciones en las que deberá renovar su mandato.
Criticado por todos los flancos, Hollande ha mostrado hoy su apoyo a
la reforma laboral, la que se supone que es su última gran iniciativa
política.
Durante el Consejo de Ministros, el presidente se comprometió a
defender personalmente la reforma laboral y justificó su adopción sin
aval parlamentario por el bloqueo de una minoría, en clara referencia a
los disidentes de su partido.
Hollande, al igual que la ministra de Trabajo, Myriam El-Khomri,
insistieron en que la reforma es necesaria para desatascar el mercado
laboral francés y favorecer la creación de empleo.
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