SAN JUAN.- El gobernador Alejandro García Padilla anunció hoy que Puerto Rico no pagará los 422 millones de dólares en deuda que vencía este domingo, lo que supondrá el primer impago masivo en la historia de esta isla caribeña, asfixiada por la falta de liquidez y una crisis que dura ya una década.
«Ha sido una decisión muy difícil y doloroso, que francamente hubiese preferido no tomar», pero «la crisis humanitaria se hace cada día más profunda»,
explicó García Padilla en un mensaje público, en el que acusó a Estados
Unidos de no ayudar a tiempo a este Estado Libre Asociado.
Según explicó, el sábado firmó la orden ejecutiva que autoriza una moratoria temporal en el pago de la cantidad parcial de la deuda de 422 millones de dólares de las notas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), brazo financiero del Gobierno de Puerto Rico, que vencían hoy.
«Nos hemos visto obligados a tomar medidas de emergencia, en vista de que el Congreso (federal) no ha actuado. Una de esas medidas es poner en vigor la Ley de Moratoria -apuntó- que busca proteger el pago de los servicios básicos a nuestra gente, mientras Puerto Rico continúa luchando para superar la peor crisis fiscal y humanitaria que ha enfrentado en su historia».
El mandatario reiteró «cuán doloroso ha sido tener que tomar esta decisión» e insistió en que «hubiera preferido contar con un marco legal» que les permitiera cumplir con todas las obligaciones, «incluyendo aquellas contraídas por otros gobernadores».
«Pero al enfrentarnos con la falta de liquidez para satisfacer tanto las necesidades de nuestros acreedores como las de los servicios a nuestra gente, he tenido que elegir. Y elegí: Decidí que tus necesidades básicas van por encima de todo», resumió con semblante serio.
Puerto Rico lleva meses reclamando al Congreso de Estados Unidos que le provea de herramientas legales para reestructurar sus deudas.
«No queremos un rescate financiero. Ni nos lo han ofrecido. Lo que queremos es un proceso de reestructuración que no le costará nada a los contribuyentes de Estados Unidos. Simplemente necesitamos las herramientas legales que nos permitirán enfrentar esta crisis y asegurar que Puerto Rico, de cara al futuro, sea viable», argumentó.
"Sencillamente no tenemos dinero suficiente para pagar todos esos servicios y a la vez pagarle también a nuestros acreedores", algo de lo que, según dijo, "tanto el Congreso (federal) como los acreedores son plenamente conscientes".
Sin embargo, "hasta el momento, no han tomado acción, y la crisis cada día se hace más profunda", lamentó el gobernador, quien recordó que hace ya casi un año anunció que Puerto Rico no podía pagar su deuda de más de 70.000 millones de dólares sin una reestructuración y la intervención del Congreso de Estados Unidos.
En su mensaje acusó a los "poderosos opositores del pueblo de Puerto Rico" de lanzar "una campaña brutal de discrimen racial" contra los puertorriqueños y convencer a algunos congresistas de que Puerto Rico no necesita "un proceso justo de reestructuración, sino un castigo colectivo".
"En una acción de pura codicia, algunos de los fondos buitres y sus cabilderos quieren privar a Puerto Rico" de poder declararse en quiebra bajo la protección de la legislación federal, lo que permitiría reestructurar la deuda de forma ordenada y sin tener que hacer frente a las demandas que un impago como el hoy anunciado previsiblemente se agolparán en los tribunales estadounidenses.
El gobernador también dijo estar en contra de la condición que Washington quiere imponer a cambio de esa incorporación y que consiste en someter al Gobierno local al control de una junta externa.
Para García Padilla la imposición de una junta que esté por encima del Gobierno es una falta de respeto al derecho de autogobierno de este Estado Libre Asociado y solo la aceptaría si se limitara a brindar "asistencia" para "balancear el presupuesto y mejorar la disciplina fiscal".
"Nos oponemos firmemente a una junta de control fiscal con funcionarios federales cuyas decisiones prevalezcan sobre las de tu Gobierno, decidiendo cómo se gasta tu dinero o a quién se le paga primero, o que tenga el poder de vetar, enmendar o derogar nuestras leyes a su antojo y sin ninguna responsabilidad de rendirte cuentas a ti", argumentó.
"Sería una vergüenza pública que los Estados Unidos tuvieran que admitir ante la comunidad de naciones del mundo que, mientras se va a la guerra en la defensa de la democracia en tierras extranjeras, se la deniegan a los puertorriqueños en su propio patio", advirtió.
En ese sentido, señaló que los lazos entre Puerto Rico y Estados Unidos "están basados en la ciudadanía común y en que estamos firmemente comprometidos con la justicia, la democracia y la libertad".
"Si el Congreso actúa de manera distinta, estaría restableciendo el poder colonial sobre Puerto Rico, y eso abriría una caja de pandora con consecuencias sumamente peligrosas", advirtió.
El mandatario apeló a la "sangre derramada" por los cientos de miles de puertorriqueños que han servido en las fuerzas armadas estadounidenses, incluso en unidades segregadas.
"Ahora, le toca el turno a Estados Unidos de demostrar que ese compromiso que nosotros hemos demostrado con nuestra sangre es mutuo", apuntó García Padilla, quien afirmó seguir teniendo "fe" en la ayuda de Washington y se comprometió a "seguir trabajando para negociar con nuestros acreedores".
Según explicó, el sábado firmó la orden ejecutiva que autoriza una moratoria temporal en el pago de la cantidad parcial de la deuda de 422 millones de dólares de las notas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), brazo financiero del Gobierno de Puerto Rico, que vencían hoy.
«Nos hemos visto obligados a tomar medidas de emergencia, en vista de que el Congreso (federal) no ha actuado. Una de esas medidas es poner en vigor la Ley de Moratoria -apuntó- que busca proteger el pago de los servicios básicos a nuestra gente, mientras Puerto Rico continúa luchando para superar la peor crisis fiscal y humanitaria que ha enfrentado en su historia».
El mandatario reiteró «cuán doloroso ha sido tener que tomar esta decisión» e insistió en que «hubiera preferido contar con un marco legal» que les permitiera cumplir con todas las obligaciones, «incluyendo aquellas contraídas por otros gobernadores».
«Pero al enfrentarnos con la falta de liquidez para satisfacer tanto las necesidades de nuestros acreedores como las de los servicios a nuestra gente, he tenido que elegir. Y elegí: Decidí que tus necesidades básicas van por encima de todo», resumió con semblante serio.
Puerto Rico lleva meses reclamando al Congreso de Estados Unidos que le provea de herramientas legales para reestructurar sus deudas.
«No queremos un rescate financiero. Ni nos lo han ofrecido. Lo que queremos es un proceso de reestructuración que no le costará nada a los contribuyentes de Estados Unidos. Simplemente necesitamos las herramientas legales que nos permitirán enfrentar esta crisis y asegurar que Puerto Rico, de cara al futuro, sea viable», argumentó.
"La mayoría de nuestros niños
reciben la educación en las escuelas públicas. La mitad de nuestra
población recibe su cubierta de servicios médicos del Gobierno,
incluyendo las medicinas recetadas que necesitan para sobrevivir",
explicó para resumir cuál es la situación actual.
Esa situación "es tan difícil", señaló, "que a duras penas podemos
proveer los servicios que nuestros estudiantes de educación especial
necesitan desesperadamente" o "pagar la gasolina que necesitan las
patrullas de nuestros policías y los camiones de nuestros bomberos"."Sencillamente no tenemos dinero suficiente para pagar todos esos servicios y a la vez pagarle también a nuestros acreedores", algo de lo que, según dijo, "tanto el Congreso (federal) como los acreedores son plenamente conscientes".
Sin embargo, "hasta el momento, no han tomado acción, y la crisis cada día se hace más profunda", lamentó el gobernador, quien recordó que hace ya casi un año anunció que Puerto Rico no podía pagar su deuda de más de 70.000 millones de dólares sin una reestructuración y la intervención del Congreso de Estados Unidos.
En su mensaje acusó a los "poderosos opositores del pueblo de Puerto Rico" de lanzar "una campaña brutal de discrimen racial" contra los puertorriqueños y convencer a algunos congresistas de que Puerto Rico no necesita "un proceso justo de reestructuración, sino un castigo colectivo".
"En una acción de pura codicia, algunos de los fondos buitres y sus cabilderos quieren privar a Puerto Rico" de poder declararse en quiebra bajo la protección de la legislación federal, lo que permitiría reestructurar la deuda de forma ordenada y sin tener que hacer frente a las demandas que un impago como el hoy anunciado previsiblemente se agolparán en los tribunales estadounidenses.
El gobernador también dijo estar en contra de la condición que Washington quiere imponer a cambio de esa incorporación y que consiste en someter al Gobierno local al control de una junta externa.
Para García Padilla la imposición de una junta que esté por encima del Gobierno es una falta de respeto al derecho de autogobierno de este Estado Libre Asociado y solo la aceptaría si se limitara a brindar "asistencia" para "balancear el presupuesto y mejorar la disciplina fiscal".
"Nos oponemos firmemente a una junta de control fiscal con funcionarios federales cuyas decisiones prevalezcan sobre las de tu Gobierno, decidiendo cómo se gasta tu dinero o a quién se le paga primero, o que tenga el poder de vetar, enmendar o derogar nuestras leyes a su antojo y sin ninguna responsabilidad de rendirte cuentas a ti", argumentó.
"Sería una vergüenza pública que los Estados Unidos tuvieran que admitir ante la comunidad de naciones del mundo que, mientras se va a la guerra en la defensa de la democracia en tierras extranjeras, se la deniegan a los puertorriqueños en su propio patio", advirtió.
En ese sentido, señaló que los lazos entre Puerto Rico y Estados Unidos "están basados en la ciudadanía común y en que estamos firmemente comprometidos con la justicia, la democracia y la libertad".
"Si el Congreso actúa de manera distinta, estaría restableciendo el poder colonial sobre Puerto Rico, y eso abriría una caja de pandora con consecuencias sumamente peligrosas", advirtió.
El mandatario apeló a la "sangre derramada" por los cientos de miles de puertorriqueños que han servido en las fuerzas armadas estadounidenses, incluso en unidades segregadas.
"Ahora, le toca el turno a Estados Unidos de demostrar que ese compromiso que nosotros hemos demostrado con nuestra sangre es mutuo", apuntó García Padilla, quien afirmó seguir teniendo "fe" en la ayuda de Washington y se comprometió a "seguir trabajando para negociar con nuestros acreedores".
No hay comentarios:
Publicar un comentario