PARÍS.- El cambio climático
plantea escenarios de riesgo para los activos financieros, en la mayoría
de los casos desconocidos por los inversores, por lo que los expertos
internacionales en esta materia reclaman a los países nuevos marcos
regulatorios que tengan en cuenta la variable del calentamiento.
Expertos de instituciones medioambientales y financieras reunidos
ayer y hoy en París por el Instituto para el Desarrollo Sostenible y las
Relaciones Internacionales (IDDRI) coinciden en la necesidad de
regulación que proporcione transparencia para que la gente "entienda los
riesgos climáticos" y tome decisiones de inversión "coherentes".
"Los inversores deben empezar a plantearse si lo que es rentable hoy
lo será en 10 o 20 años" en un mundo con eventos climáticos extremos más
frecuentes e intensos y donde cerca de 200 países se han comprometido a
abandonar progresivamente los combustibles fósiles, indicó en esa
conferencia Paula Caballero, directora de Medio Ambiente del Banco
Mundial.
A pesar del consenso científico en torno a los escenarios de
desastres naturales que plantea el calentamiento, expertos consultados sostienen que la mayoría de las empresas "ocultan" el riesgo
climático a sus inversores.
Riesgos como, por ejemplo, la posibilidad de que una infraestructura
en la que un inversor pone su dinero acabe arrasada por una inundación, y
o bien se pierda la inversión o no exista el retorno esperado.
En la misma línea, la mayoría de los fondos de pensiones poseen
inversiones muy intensas en carbono (carbón, petróleo...) que "van a
dejar de tener sentido", apostilló el director del Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF) Francia, Pascal Canfin.
Actualmente existe un "enorme" vacío legal y de transparencia en esta
materia, por lo que ni las compañías están obligadas a informar del
riesgo ni los inversores pueden pedir responsabilidades patrimoniales en
caso de perder el capital o no recibir los retornos esperados.
"Estamos ante un proceso de cambio hacia un nuevo modelo de
desarrollo que va a ocurrir sí o sí, por lo que es importante activar
sistemas regulatorios que disminuyan las incertidumbres financieras",
apuntó la directora del IDDRI, Teresa Ribera.
En la actualidad, sólo entre un 0,5 % y un 0,6 % de los flujos
financieros globales hacen cálculos de riesgos climáticos y rechazan
invertir donde existen, entre ellos el Global Pension Fund noruego, el
mayor fondo soberano del mundo, o los fondos de pensiones públicos de
California.
Una de las pocas entidades financieras que ya cuenta con una unidad
dedicada a evaluar el riesgo climático de las inversiones, para dar
mayor seguridad a sus clientes a la hora de garantizar los retornos, es
BNP Paribas, explicó Helena Viñes, responsable de sostenibilidad de este
banco.
Viñes alertó de que la vuelta de tuerca a los mercados financieros
hacia activos más sostenibles debe producirse "ya", y sostuvo que lo
único que puede acelerar el cambio es "la regulación, como un impuesto
al carbono lo suficientemente alto que mueva las inversiones en otro
sentido".
Los expertos reunidos en París estos dos días coinciden en que el
"punto de inflexión" se producirá cuando entre un 5 % y un 6 % de los
grandes flujos financieros se nieguen a invertir en nada que implique
riesgo climático y dirijan el dinero hacia activos en consonancia con un
nuevo modelo de desarrollo.
Activos como las renovables -incidió Alison Tate, directora de
políticas sociales de la Confederación Sindical Internacional- que
demandarán, como mínimo, "30 billones de dólares de inversión entre
ahora y 2030".
El presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez, advirtió
de que las "perspectivas de inversiones en el mercado energético, en
particular en generación, ya están cambiando drásticamente".
En el último año, según sus datos, "se invirtió más en generación
renovable que en base a combustibles fósiles", y "este proceso se
aceleraría si se retiraran las subvenciones a los fósiles, que son cinco
veces más que las energías renovables".
Expertos como Ribera recomendaron también a los países diseñar
estrategias de financiación para "acompañar socialmente" a los
colectivos más vulnerables en este cambio hacia un modelo de desarrollo
económico bajo en carbono, como el de los trabajadores del sector de los
combustibles fósiles.
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