BRUSELAS.- El Consejo de la
Unión Europea (UE) dio hoy luz verde definitiva a las nuevas normas
europeas para proteger secretos comerciales contra su adquisición
ilegal, uso y divulgación, una directiva no exenta de polémica por las
dudas que genera respecto a la protección de periodistas y denunciantes.
La institución, que representa a los países europeos, aprobó hoy la
directiva pactada con el Parlamento Europeo el pasado 15 de diciembre
que "establece medidas comunes contra la obtención, utilización o
divulgación ilícitas de secretos comerciales y tiene por objeto velar
por un funcionamiento fluido del mercado interior".
Además, busca "tener un efecto disuasorio respecto a la divulgación ilegal de secretos comerciales", según los Veintiocho.
Estos recalcaron que, no obstante, las normas no "menoscaban los
derechos y libertades fundamentales o del interés público, como la
seguridad pública, la protección de los consumidores, la sanidad
pública, la protección medioambiental y la movilidad de los
trabajadores".
La directiva prevé medidas "para evitar la divulgación de información
a fin de proteger la confidencialidad de los secretos comerciales",
pese a lo que los países aseguraron que "garantizan plenamente el
ejercicio del periodismo de investigación sin nuevas limitaciones,
también en lo que respecta a la protección de las fuentes
periodísticas".
Este punto ha sido objeto de diversas críticas por el temor a que las
normas restrinjan la libertad de expresión ejercida por los
periodistas, así como que faciliten la persecución de aquellas personas
que actúen como informantes.
Sobre esto, el Consejo aseguró que quienes "actuando de buena fe,
revelen secretos comerciales con el objetivo de proteger el interés
público general, disfrutarán de una protección adecuada".
"Corresponderá a las autoridades judiciales nacionales competentes
determinar si la divulgación de un secreto comercial era necesaria para
denunciar un comportamiento impropio, una irregularidad o una actividad
ilegal", señalaron.
Por su parte, el Grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo mostró
hoy su preocupación en un comunicado ante la aprobación de las nuevas
normas, que consideran que crean "incertidumbre jurídica" sobre los
denunciantes.
Este es el motivo por el que reclamaron que se adopte rápidamente una
directiva que proteja a los informantes que filtran informaciones que
puedan ser de interés público.
Una vez que la directiva sea publicada en el Diario Oficial de la UE
en los próximos días y entre en vigor, los Estados miembros dispondrán
de un máximo de dos años para incorporar las nuevas disposiciones a la
legislación nacional.
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