LUXEMBURGO.- El gasto de la Unión
Europea (UE) en programas educativos no siempre incluye disposiciones
para establecer vínculos directos con el empleo, según indicó hoy el
Tribunal de Cuentas Europeo en un nuevo informe.
Aunque la competencia sobre las políticas de educación recae al
completo sobre los Estados miembros, Bruselas puede apoyar, complementar
y coordinar la labor de los países.
Así, los auditores subrayaron que en los programas diseñados para el
periodo 2014-2020 no siempre se detectó una relación clara entre las
iniciativas educativas financiadas por la Unión y su impacto en la
empleabilidad.
Además, el Tribunal de Cuentas halló carencias en los instrumentos destinados a la monitorización y seguimiento de resultados.
En ese sentido, el informe explica que, si bien el Fondo Social
Europeo dispone de indicadores a largo plazo para medir los efectos
sobre el acceso al mercado laboral, solo un tercio de los casos
examinados incluía objetivos relacionados con el empleo.
El Tribunal de Cuentas es más crítico con los programas diseñados
para el periodo 2007-2013, pues considera que los objetivos estaban bien
diseñados, pero algunos aspectos en el enfoque de la intervención no se
habían descrito.
Asimismo, el informe detectó una mayor escasez de instrumentos de
monitorización, ya que el resultado de los proyectos no se pudo analizar
de forma sistemática debido a la falta de indicadores y objetivos
cuantificables.
Frente a las carencias registradas, los auditores proponen a la
Comisión Europea y los socios comunitarios destinar financiación de
forma más específica a iniciativas que refuercen la relación entre
educación y empleo, así como asegurar la correcta recopilación de los
resultados.
En ese sentido, pide a los estados miembros activar de forma
sistemática indicadores apropiados para demostrar los efectos de un
proyecto en los destinatarios finales.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas considera que se debería obligar a
los países a dar explicaciones si cambian las asignaciones financieras
de los programas, así como asegurar una relación directa entre los
proyectos seleccionados y el cumplimiento de los objetivos educativos
comunitarios.
"La inversión en educación es crucial, ya que la tasa de desempleo en
la UE para las personas con estudios superiores ha sido tres veces
inferior", explicó la responsable del estudio del Tribunal de Cuentas,
Iliana Ivanova.
La Unión Europea destinó 33.000 millones de euros en el periodo
2007-2013 para apoyar la educación mediante la política de cohesión,
mientras que para la etapa 2014-2020 asignó 27.000 millones.
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