BRUSELAS.- El Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea
regula el procedimiento de retirada. Todo Estado miembro podrá decidir
retirarse de la Unión de conformidad con sus normas constitucionales. La
retirada de un Estado miembro puede producirse de dos maneras:
1) Previa celebración de un acuerdo internacional entre la Unión y el
Estado miembro de que se trate. El Estado miembro que decida retirarse
notificará su intención al Consejo Europeo.
La Unión negociará y celebrará con ese Estado un acuerdo que
establecerá la forma de retirada, teniendo en cuenta el marco de sus
relaciones futuras con la Unión. Este acuerdo se negociará con arreglo
al artículo 218.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Comisión o el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
presentará recomendaciones al Consejo, que adoptará una decisión por la
que se autorice la apertura de negociaciones y se designe al negociador
o al jefe del equipo de negociación de la Unión. El Consejo celebrará
el acuerdo en nombre de la Unión por mayoría cualificada, previa
aprobación del Parlamento Europeo.
2) Pasados dos años (salvo que el Consejo Europeo ampliara el plazo)
desde que el Estado miembro en cuestión notificara su deseo de hacerlo
al Consejo.
Los Tratados dejarán de aplicarse al Estado de que se trate a partir
de la fecha de entrada en vigor del acuerdo de retirada o, en su
defecto, a los 2 años de la notificación de retirada al Consejo Europeo.
El miembro del Consejo Europeo y del Consejo
que represente al Estado miembro que se retire no participará ni en las
deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo
que le afecten.
La mayoría cualificada, se definirá como un mínimo del 72% de los
miembros del Consejo que represente a Estados miembros participantes que
reúnan como mínimo el 65% de la población de dichos estados.
Si el estado miembro que se ha retirado de la Unión solicita de nuevo
la adhesión, su solicitud de someterá al procedimiento establecido
en el Artículo 49 del Tratado de la Unión Europea.
El Tratado de Lisboa configura el derecho de retirada como un "derecho unilateral"
de todos los Estados miembros de la Unión. Esto es así, en primer
lugar, porque el estado interesado en retirarse de la Unión no solicita,
sino que notifica al Consejo Europeo su voluntad de dejar de pertenecer
a la Unión como Estado miembro. En segundo lugar, porque la retirada no
está sometida a ningún tipo de condición. Y, en tercer lugar, porque la
retirada no queda condicionada al cumplimiento de ningún requisito.
El derecho a no seguir tomando parte en la estructura
jurídico-política de la Unión Europea es una garantía para los Estados
miembros y así evitar quedar implicados por un grado de integración no
deseado.
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