PARÍS.- Francia reafirmó hoy
que a menos que consiga su reforma dejará de aplicar la directiva de
trabajadores desplazados, a la que acusa de estar propiciando el
'dumping' social por su uso indebido por las empresas para incumplir los
deberes salariales y de pago de cotizaciones sociales.
"Si no obtenemos la revisión de esa directiva, entonces habrá que
dejar de aplicarla", señaló el secretario de Estado de Asuntos Europeos,
Harlem Désir, que en una entrevista a la emisora "France Info" insistió
en que "no se puede construir Europa con el 'dumping' social".
Se quejó de que las empresas utilizan esa normativa europea para
"esquivar" el principio de que "el mismo trabajo tiene que tener el
mismo salario" e hizo notar que hay otros países que apoyan la posición
francesa.
El hecho es que once Estados, esencialmente del centro y del este de
la UE de donde proceden buena parte de los trabajadores desplazados, han
activado el procedimiento de la "tarjeta amarilla" que obliga a la
Comisión Europea a modificar sus propuestas de reforma, auspiciadas por
Francia y por Alemania.
El pasado domingo, el primer ministro francés, Manuel Valls, había
insistido en que su Gobierno "trata de convencer -y muchos países están
de acuerdo con él- de que hay que cambiar, que tiene que haber igualdad
de trato por lo alto para luchar contra el 'dumping' social, que hay que
pagar las cotizaciones sociales más elevadas".
Valls advirtió de que "si no se nos escucha, habrá que decir que
Francia dejará de aplicar esta directiva" porque el actual es un
"dispositivo europeo que causa graves daños, terribles, en el mundo de
los asalariados, en el mundo obrero".
El pasado año, el número de trabajadores desplazados que trabajaron
en Francia aumentó un 25 % hasta 286.025, según las cifras oficiales
publicadas a finales de mayo.
Los trabajadores declarados en Francia proceden sobre todo de
Portugal (16 %), España y Rumanía, y en más del 80 % de los casos se
trata de obreros.
Los sectores que más recurren a ellos son la construcción y obras
públicas (el 27 % del total), las operaciones interinas (25 %) y la
industria (16 %).
Junto a la actividad declarada, para 2013 se estimaba que había 220.000 trabajadores en situación ilegal.
Y el Tribunal de Cuentas ha evaluado en 380 millones de euros el
dinero que las administraciones y la Seguridad Social francesa deja de
ingresar por el trabajo desplazado irregular.
No hay comentarios:
Publicar un comentario