ROMA.- Representantes de
distintos países que son parte del tratado internacional contra la pesca
ilegal, en vigor desde el pasado 5 de junio, pidieron hoy a los demás
Estados que se sumen a la iniciativa para que sea efectiva a nivel
mundial.
La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
reconoció en una ceremonia en su sede en Roma a las 34 partes firmantes
del llamado Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto, las
cuales representan a un total de 61 países (incluidos los de la Unión
Europea).
Hasta hace un año solo trece partes habían suscrito ese pacto
(adoptado por la FAO en 2009) y, desde la conferencia sobre los océanos
celebrada en octubre pasado en la ciudad chilena de Valparaíso, su
número aumentó hasta superar las 25 firmas que se necesitaban para su
entrada en vigor.
El director general de esa agencia, el brasileño José Graziano da
Silva, agradeció los esfuerzos de Chile y Estados Unidos para impulsar
el tratado e instó a otros países a unirse "tan pronto como sea
posible".
"Algunos han empezado los trámites y les animo a continuar", subrayó
Da Silva, que recordó que aquellos que no tengan las capacidades y
recursos necesarios para aplicarlo pueden recurrir a la asistencia
técnica de la FAO.
Por su parte, el subsecretario chileno de Pesca, Raúl Súnico, afirmó
en el acto que se necesita mayor cooperación para que se amplíe el
número de partes del tratado, lo que en la práctica supondría poner "más
barreras a las naves que intenten eludir las regulaciones nacionales e
internacionales".
Esos países firmantes deben designar puertos específicos para los
buques extranjeros, que tienen que solicitar permiso con antelación para
entrar en ellos, facilitar información a las autoridades y permitir la
inspección a bordo.
Si una de estas embarcaciones es sospechosa de participar en la pesca
ilegal, las autoridades podrán obligarla a ser revisada en caso de
querer usar los servicios del puerto o, si no son capaces de realizar el
control, denegarle la entrada.
El director general de Pesca de la Comisión Europea (CE), João Aguiar
Machado, aseguró que la entrada en vigor del tratado es "solo el
principio y ahora empieza lo difícil", que será su aplicación de forma
"efectiva y consistente".
Frente a la pesca ilegal, que sigue siendo un "negocio lucrativo",
consideró que habrá que intensificar la cooperación entre los Estados
costeros y aquellos a los que pertenecen las banderas de los distintos
barcos para mejorar los controles y evitar que los productos pescados
ilegalmente acaben descargados en tierra.
El subsecretario adjunto de Pesca de EEUU, David Balton, llamó
también a reforzar el intercambio de información para no dejar "puntos
débiles" en la aplicación del tratado.
Entre los países en desarrollo reconocidos, la ministra de Pesca de
Indonesia, Susi Pudjiastuti, subrayó el daño que representa la pesca
ilegal para el sector pesquero formal en su país, que ha tomado medidas
drásticas como destruir los barcos capturados por faenar sin permiso.
La responsable relacionó la pesca ilegal con la pérdida de
combustible, el tráfico de personas, el contrabando de mercancías y
drogas, y la explotación insostenible de los recursos marinos.
Según cálculos de la FAO, la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada puede llegar a mover cada año hasta 26 millones de
toneladas y 23.000 millones de dólares (unos 20.600 millones de euros).
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