MADRID.- Las empresas multinacionales deberán facturar todos los ingresos procedentes de las
ventas efectuadas en España a residentes, aunque las compras se hagan
por medio de sociedades o sitios web domiciliados en otros países.
Aunque los expertos advierten de que son prácticas difíciles de
investigar ya que hay resquicios legales que permiten la planificación
fiscal agresiva. La creación en 2013 de la Oficina Nacional de
Fiscalidad Internacional (ONFI) ha permitido a la Agencia Tributaria
(AEAT) española aumentar las bases imponibles de las multinacionales con
sede en España, en un entorno global en el que cada vez hay una mayor
concienciación sobre la necesidad de perseguir la evasión fiscal.
Prueba de ello ha sido la sentencia del Tribunal Supremo conocida
esta semana que señala que las empresas deberán facturar todos los
ingresos procedentes de las ventas efectuadas en España a residentes, aunque los clientes adquieran sus productos por medio de sociedades o sitios web domiciliados en otros países.
La sentencia refrenda los argumentos de la AEAT contra el modelo
fiscal de la sociedad tecnológica Dell, a la que reclamó el pago de
varios millones en concepto de ventas efectuadas en España entre 2000 y
2003.
En la misma línea, la pasada semana la AEAT registró las dos sedes de Google en Madrid para investigar un posible caso de evasión fiscal, mientras la compañía aseguraba que cumplía con la legislación fiscal en España.
El plan de control tributario de 2016, aprobado el pasado febrero
tiene como una de sus líneas fundamentales las actuaciones de control en
el campo de la planificación fiscal internacional y del comercio
electrónico, ámbitos en los que se han reforzado las herramientas de
selección y control de contribuyentes.
A este respecto, la ONFI participó en 119 comprobaciones inspectoras
en grandes multinacionales en 2015, que supusieron ajustes en la base
imponible de alrededor de 2.600 millones.
El presidente de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José
Luis Groba, afirma que estas multinacionales tienen grandes despachos de
asesores que usan resquicios legales para tributar menos.
Por ello, asegura que el camino para evitar esta elusión no es fácil y
añade que es imprescindible la acción coordinada de los gobiernos de
los diferentes países. En cualquier caso, celebra el cambio de actitud que ha habido en los departamentos de Hacienda de muchos países a raíz de la crisis,
“cuando observaron la importante caída de ingresos en la recaudación
impositiva y cómo una gran cantidad de millones de las multinacionales
se iban a territorios más ventajosos”.
El secretario general de los Técnicos del Ministerio de Hacienda
(Gestha), José María Mollinedo, señala que hay una línea muy
difusa entre lo que es una práctica fiscal agresiva y un uso
defraudatorio. Mollinedo también alaba el giro positivo de la Hacienda
española y de algunos países europeos que están investigando y
denunciando a estas multinacionales por llevarse sus beneficios a
territorios con ventajas fiscales.
La lucha contra la fiscalidad agresiva de las multinacionales también
se desarrolla en el ámbito de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) con la iniciativa sobre Erosión de la Base
de Imposición y la Transferencia de Beneficios (BEPS en inglés)
Las multinacionales y sus matrices deberán informar sobre sus ingresos, ventas, resultados brutos de actividad en todo el mundo, impuestos que pagan en cada jurisdicción, número de empleados o fondos propios.
Sobre el programa BEPS, Groba señala que, aunque es una buena
solución, está tropezando con la falta da acuerdo de los países
involucrados y apenas han llegado a pactos en asuntos que no son los más
importantes.
Mollinedo sostiene que es una buena idea, pero apunta que los resultados se verán a largo plazo.
Frente a estas iniciativas loables, también existen otras que buscan
lo contrario, como se conoció en el caso Luxleaks, con miles de
documentos que demostraban cómo bancos luxemburgueses permitían y
facilitaban la evasión de impuestos a grandes compañías.
Dichos documentos revelaron cómo Luxemburgo entre 2002 y 2010
permitió a grandes empresas como Apple, Ikea o Pepsi rebajar sus
impuestos hasta menos del 1%, en lugar del 29%.
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