MADRID.- La deuda pública de España no
descenderá este año al 99,1% del PIB, como recoge la actualización del
Programa de Estabilidad 2016-2019 remitido a Bruselas el pasado mes de
abril, sino que repuntará hasta el 99,5% del PIB, lo que supondrá un
nuevo incumplimiento de los compromisos adquiridos con la UE a sumar al
del déficit público.
Así se recoge en el 'Informe de cumplimiento esperado de los
objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto
2016 de las Administraciones Públicas' de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal (AIReF), presentado esta semana.
La cifra consignada en el Programa de Estabilidad ya suponía una
revisión al alza del objetivo de deuda presentado junto al techo de
gasto para 2016 en el Consejo de Ministros del pasado 15 de julio de
2015, hace ahora un año. En aquel momento la cifra se situó en el 98,5%
del PIB.
"La previsión de deuda actualizada en el Programa de Estabilidad
conlleva un incumplimiento del objetivo fijado en julio de 2015",
recuerda en este sentido la AIReF, que añade que su previsión central
para este año "se mantiene cercana al 100% del PIB y supondría un
incremento respecto a la deuda pública de 2015 y el incumplimiento de
los objetivos fijados en 2015 y de la previsión actualizada en el
Programa de Estabilidad".
Atendiendo a la evolución de la deuda pública en lo que va de año,
los datos del Banco de España indican que, a pesar de que el Tesoro
Público ha rebajado considerablemente los tipos de interés de sus
emisiones, incluso llegando a cobrar por emitir bonos a tres años, como
ha ocurrido este jueves, la deuda subió en mayo en 9.932 millones, hasta
los 1,088 billones de euros, marcando un nuevo máximo histórico (99,94%
del PIB).
Más allá del peligro que supone para la economía española un nivel
tan elevado de deuda pública, como miembro de la UE el problema es tan
importante o más que el del déficit público.
Así, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, elaborada para ser
garantía de cumplimiento del pacto de sostenibilidad europeo, establece
un periodo transitorio hasta 2020 para alcanzar el límite de deuda del
60% del PIB.
En contra de este mandato, AIReF cree que, de acuerdo con la
dinámica de la deuda pública hasta la fecha y en un contexto de
inflación negativa, éste límite no se alcanzaría hasta el año 2035.
Las implicaciones de este incumplimiento pueden ser graves porque
además del procedimiento de déficit excesivo en el que aún se encuentra,
España también está inmersa en un menos conocido proceso de vigilancia
por parte de Bruselas de los desequilibrios macroeconómicos,
especialmente de la deuda pública, en cuya posición va mejorando, pero
del que va a tardar mucho tiempo en salir.
Concretamente, España está siendo objeto actualmente de esta
vigilancia a la par que Finlandia, Alemania, Irlanda, Holanda, Eslovenia
y Suecia. Otros países de la UE se encuentran como Francia e Italia, no
obstante, en una situación de desequilibrios excesivos, que España ya
ha dejado atrás.
El reglamento comunitario indica que, una vez un país sale del
procedimiento correctivo del déficit, del que España saldría
previsiblemente en 2018, año para el que las previsiones de su programa
de estabilidad ya debería fijar un déficit inferior al 3%, se activaría
un procedimiento preventivo, muy estricto también.
Según este procedimiento, España tendría que rebajar su exceso de
deuda pública a un ritmo del 5% anual, lo que supone unos dos puntos
porcentuales.
No obstante, en este caso se tiene más en cuenta el ciclo
económico y existen mayores flexibilidades, por lo que en caso, por
ejemplo, de que la inflación se mantenga en niveles muy bajos, la
Comisión Europea podría abrir algo la mano a la hora de exigir el
cumplimiento.
En caso de que un país no cumpla tampoco esta senda de reducción
de la deuda pública, podría enfrentarse a sanciones de hasta el 0,2% del
PIB, igual a las que aún está por ver si la Comisión Europea impone a
España por el incumplimiento del déficit en 2015.
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