BRUSELAS.- La amenaza de suspensión de fondos
estructurales para España y Portugal a causa de su excesivo déficit
fiscal empieza a tomar forma en la Unión Europea, según una carta del
vicepresidente de la Comisión, teniendo en cuenta, no obstante, las
dificultades socioeconómicas de estos países.
En esta misiva
cursada al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, el vicepresidente de la Comisión Jyrki
Katainen constata que Madrid y Lisboa no adoptaron las medidas
necesarias para reducir sus excesivos déficits, por lo que el Ejecutivo
europeo deberá proponer una suspensión de fondos estructurales.
"Para
determinar el alcance y el nivel de las suspensiones, la Comisión
utilizará todos los criterios disponibles definidos en la
reglamentación, entre ellos los factores socioeconómicos que afectan a
estos Estados miembros", escribe el comisario responsable de estos
fondos, que buscan reducir las diferencias en el nivel de desarrollo en
Europa.
Katainen dejá entrever que el Ejecutivo europeo tomará en
consideración la situación socioeconómica de estos dos países, donde se
registran niveles de desempleo muy superiores a la media de la zona
euro.
Además, para determinar qué fondos se verán afectados y en
qué medida, la Comisión iniciará "un diálogo estructurado con el
Parlamento Europeo para presentar una propuesta equilibrada", añade
Katainen.
Según las reglas europeas, tras constatarse un excesivo
déficit fiscal (como ya se hizo en julio), la Comisión debe proponer la
suspensión de una parte de los fondos estructurales comprometidos, que
puede alcanzar el 0,5% del PIB o hasta el 50% de los compromisos para
2017.
La carta del vicepresidente añade un anexo con una lista de
12 fondos portugueses y de unos 60 fondos españoles, que pueden verse
afectados por una suspensión total o parcial.
Los ministros de
Finanzas de la zona euro constataron el pasado 12 de julio que España y
Portugal "no tomaron suficientes acciones efectivas para (...) corregir
sus excesivos déficits", iniciando así un proceso sin precedentes que
puede conducir a multas económicas.
Además de la suspensión de
fondos, la Comisión Europea tiene 20 días para proponer multas, cuyo
monto máximo es del 0,2% del PIB de cada país. Una fuente próxima al
dossier indicó que debería hacerlo el 27 de julio.
Mientras tanto, España y Portugal han defendido su causa.
"No
hay ninguna justificación para aplicar sanciones por un resultado que
no se alcanzó en 2015, máxime cuando la Comisión Europea reconoce que
alcanzaremos este año el objetivo" de un déficit inferior al 3% del PIB,
reiteró este sábado el primer ministro portugués, António Costa.
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