MADRID.- Casi 800.000 europeos han apoyado ya una campaña que reclama a la UE
una directiva para que los supermercados no tiren comida en buen estado,
sino que la donen a las ONG. Pero en España, según la patronal ACES, no
se necesita regulación, porque el sector es muy eficiente y colabora
con esas entidades.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que cita la
legislación francesa, ha pedido al Gobierno "una regulación que frene de
manera efectiva el desperdicio de comida" y obligue a los
establecimientos a ceder la sobrante que sea apta para el consumo. En
Italia, una ley recién aprobada incentiva la donación.
La Federación de Bancos de Alimentos (Fesbal) subraya, como todas las
partes implicadas, que la seguridad alimentaria es irrenunciable. Y
pide determinar claramente quién sería responsable si algún producto
donado no fuera apto. Esa llamada unitaria europea a parar el
"desperdicio" alimentario se desarrolla en la plataforma Change.org desde 2015 por ciudadanos de Grecia, Bélgica, Francia, Alemania, Italia,
el Reino Unido y España.
A por el millón de firmas
Quieren presentar una millón de firmas a la Comisión y el Parlamento
europeos, pues aseguran que más de 80 millones de personas viven por
debajo del umbral de la pobreza en Europa, mientras los supermercados
desechan "toneladas" de comida. El responsable de la campaña en Francia,
Arash Derambarsh (concejal de Courbevoie), fue quien inició la petición
para la ley que regula esta cuestión en ese país.
El Parlamento Europeo exigió en 2012 medidas urgentes para reducir el
desperdicio a la mitad hasta 2025. Según la Comisión Europea, la UE
generaba 89 millones de toneladas anuales de residuos alimentarios (7,7
millones en España). En los hogares europeos, el desperdicio
representaba el 42% del total; en la fabricación, el 39%; en la
restauración, el 14%; y en la distribución, el 5%. Según Agricultura,
los hogares españoles desechan cada semana 25,5 millones de kilos de
alimentos (el 4,5% de la compra).
"Queremos que la Comisión discuta y apruebe un marco legislativo, que
luego cada Estado miembro tiene que aplicar", comenta el
responsable de la campaña europea en España, Manuel Bruscas. Es
partidario de incentivar y facilitar la donación, pero marcando unos
cumplimientos "mínimos". Europa ha de señalar "pautas y directrices",
sin "demonizar a nadie", pues el desperdicio tiene causas variadas y
todos son responsables, también los consumidores.
La solución pasa por contar con todos, pues la industria y el sector
de la distribución alimentaria son relevantes, reconoce. Para empezar,
demanda Bruscas "transparencia" sobre la comida que se tira porque la
distribución difunde datos "de parte", asegura. Pero el presidente de la
Asociación de Cadenas de Supermercados (ACES), Aurelio del Pino, niega
falta de información objetiva y alude a informes sectoriales, del
Ministerio de Agricultura y de las empresas.
La distribución española es "muy eficiente y competitiva", el eslabón
con "menos" desperdicio de toda la cadena alimentaria. Además, añade,
el tejido social español está "muy desarrollado", una red tupida de ONG
que funcionan bien. "Todas las empresas, al menos las de mi asociación,
tienen convenios y trabajan desde hace muchos años con los bancos de
alimentos y las organizaciones de beneficencia", asegura.
El sector se ha ido "autorregulando", analizando situaciones,
remediando ineficiencias, difundiendo las mejores prácticas para
empresas y consumidores, colaborando con la industria y la restauración.
"Pensamos que, en España, no es necesario (introducir una regulación)
-insiste-, porque llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Estamos
concienciados, el conocimiento es muy amplio, y el objetivo está
conseguido". Entre otras iniciativas, Del Pino cita el proyecto de la
Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc) "La alimentación no tiene
desperdicio, aprovéchala" (2012) y la estrategia "Más alimento, menos
desperdicio", del Ministerio de Agricultura (emprendida en 2013).
Fuentes del ministerio de Agricultura han explicado que, una vez
cumplida la vigencia de dicha estrategia, "se está trabajando en la
actualidad, con todas las organizaciones que participan en la misma, en
la revisión de su contenido, con objeto de incorporar los compromisos y
metas que sean consensuados", los cuales deberán llevarse a cabo "al
comienzo de esta legislatura".
En marzo pasado, la OCU comenzó una recogida de firmas para que se
prohíba estropear alimentos intencionadamente haciéndolos inservibles.
También exige fechas de consumo preferente y de caducidad según
criterios de calidad y seguridad, no de intereses económicos
particulares.
La Federación de Bancos de Alimentos (Fesbal), que mantiene convenios
con hipermercados y cadenas de alimentación, pide conocer cualquier
proyecto normativo para pronunciarse. Fuentes de esta federación han
alertado contra las denominadas leyes "del buen samaritano", que eximen
al donante de responsabilidad sobre el estado de los productos si se
entregaron "de buena fe".
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