jueves, 13 de octubre de 2016

El primer desafío legal al Brexit llega a los tribunales

LONDRES.- La justicia británica examinará una demanda para que el Parlamento, mayoritariamente proeuropeo, tenga la última palabra sobre la salida de la Unión Europea, al contrario de lo que quiere el gobierno de Theresa May.

Los más altos jueces de Inglaterra escucharán los alegatos de varios demandantes, entre ellos un gestor de fondos de inversiones, un peluquero y un británico afincado en Francia a los que se sumaron otros ciudadanos.
May rechaza que el Parlamento se pronuncie y ha tildado la demanda de intento de "subvertir" el resultado del referéndum del 23 de junio en que 52% de los votantes se pronunciaron a favor de la salida de la UE.
Pero los demandantes aseguran que el referéndum fue sólo "consultivo", que su desenlance tiene que ser validado por los diputados, y que sólo el Parlamento tiene la potestad de despojar a los británicos de sus derechos como ciudadanos europeos.
"El Parlamento nos llevó a la Unión Europea y sólo el Parlamento puede sacarnos de ella", argumentó el abogado John Halford, del bufete Bindmans, uno de los defensores de la demanda.
En las últimas horas, May se ha mostrado abierta a que el Parlamento pueda examinar su estrategia de salida de la UE, sin dar muchos detalles del escrutinio que está dispuesta a tolerar, pero en cualquier caso sin poder revertir el resultado del referéndum del 23 de junio.
La mayoría de los diputados hizo campaña a favor de la Unión Europea, y aunque muchos aceptan ya el resultado del referéndum, debatir todos los puntos del plan del gobierno para salir de la UE podría demorar todo el proceso.
May ha anunciado que quiere invocar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa -la puerta de salida formal de la UE- en marzo de 2017 como muy tarde.
El gobierno argumenta que su derecho a conducir el Brexit como quiera es una "prerrogativa real", un tipo de privilegio ejecutivo que se usa en política exterior.
Tras tres días de audiencias - hoy jueves, lunes y martes-, los tres jueces a cargo del caso se retirarán a deliberar y darán su veredicto en unas pocas semanas. Dado el nivel de los magistrados a cargo del caso, cualquier apelación iría directamente a la Corte Suprema.
Jo Hunt, profesora de derecho de la Universidad galesa de Cardiff, estimó que, aunque el poder de invocar el Artículo 50 encaja "probablemente" en las prerrogativas reales, "existen argumentos poderosos" en contra.
En las primeras semanas tras el referéndum, se especuló mucho con las posibilidades legales de frenar el resultado.
Aunque ahora se cree que es improbable, May ve el desafío en los tribunales como una tentativa de detener la salida de la UE.
"Esta gente que argumenta que el Artículo 50 sólo puede invocarse con el acuerdo de las dos cámaras del Parlamento, no están defendiendo la democracia, tratan de subvertirla", explicó.
"No tratan de que el Brexit salga bien, tratan de matarlo a base de retrasarlo. Están insultando la inteligencia del pueblo británico".
La demanda fue planteada inicialmente por un peluquero del Reino Unido Deir Dos Santos, cuya nacionalidad, británica o no, no ha sido revelada, y Gina Miller, cofundadora del fondo de inversiones SCM Direct, a los que se sumaron un grupo de "ciudadanos ordinarios".
"Mi cliente se sorprendió mucho al ser etiquetado por la primera ministra como alguien que quiere subvertir la democracia", explicó Dominic Chambers, del bufete Maitland Chambers, que representa a Santos.
En un signo de la tensión persistente entre pro-europeos y euroescépticos, Dos Santos mantiene un perfil bajo tras ser insultado y amenazado en las redes sociales.
Un tercer grupo de demandantes está encabezado por Grahame Pigney, un británico "europeo comprometido" que vive en Francia.
Junto a su hijo Rob, de 22 años, que vive en Gibraltar, un jardinero de Gales y un estudiante de Londres, han recolectado casi 150.000 libras de más de 4.000 contribuyentes.
"El Parlamento dio a los ciudadanos británicos ciertas libertades fundamentales, como la libertad de movimiento... y sólo el Parlamento puede quitarlas", dijo Pigney, un informático semijubilado.
"Pensaba que los partidarios de salir de la UE nos apoyarían porque uno de sus argumentos es que un gobierno no electo no puede actuar así", añadió, haciéndose eco de las críticas de los "Brexiters" a la Comisión Europea.

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