martes, 18 de octubre de 2016

Bonistas rechazan el plan propuesto por el gobernador de Puerto Rico

SAN JUAN.- La organización Bonistas del Patio rechazó el plan del gobernador Alejandro García Padilla ante la junta impuesta por Estados Unidos para asumir el control financiero de Puerto Rico.

'El gobernador García Padilla no quiere que se imponga austeridad al pueblo, pero la realidad es que su gobierno ya ha impuesto una austeridad sin precedentes a los más de 60 mil bonistas que no cobran sus intereses ni su principal', dijo la entidad organizada en mayo pasado.

El director ejecutivo de Bonistas del Patio, Jorge Irizarry, expresó que ese es dinero de las pensiones de muchos jubilados que vivían de sus ahorros y que ahora están desesperados porque el gobierno puertorriqueño les ha dejado de pagar.

García Padilla compareció el viernes pasado en Nueva York, donde esbozó su plan financiero para Puerto Rico ante los siete miembros de la junta de control fiscal impuesta mediante la legislación Promesa por el gobierno de Estados Unidos.

Para los Bonistas del Patio, cuyos integrantes poseen 15.000 millones de la deuda pública de 70.000 millones de dólares, la propuesta del gobernante es negativa porque se basa en aumentar el gasto público en 18 por ciento y en medidas para reducir sólo 5 por ciento neto de ese aumento para 2017.

'El plan propuesto por el gobierno es cuestionable en principio, debido a su enfoque de aumentar el nivel de gastos al tiempo que propone retener todo pago del servicio de la deuda', dijo Irizarry.

Para la entidad 'esto destruirá cualquier posibilidad de recuperar el acceso a la financiación de cualquier segmento de los mercados de capitales durante un período prolongado'.

 'El efecto de esta acción será limitar la inversión pública y privada, así como mantener limitada la liquidez en las operaciones del gobierno y, por lo tanto, retrasar cualquier posibilidad de recuperar el crecimiento económico', expresó el portavoz de Bonistas del Patio.

El total de la deuda de los puertorriqueños es de más de 1.200 millones al año, y el impago representa una reducción de 1,8 por ciento al Producto Nacional Bruto, estableció Irizarry.

Refirió que la gran mayoría de los 60.000 bonistas locales dependen de los pagos de intereses de sus bonos para cubrir los gastos básicos, por lo que son tal vulnerables como cualquier otro segmento de la población.

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