BRUSELAS.- Luchas políticas
regionales y discursos antiglobalización, con un trasfondo de declive
industrial y agrícola, han llevado a Valonia a bloquear el acuerdo
comercial entre la Unión Europea y Canadá, el llamado CETA, además de
ahondar en las divisiones entre flamencos y francófonos en Bélgica.
De hecho, hay líderes políticos de Flandes, la mitad norte del país,
que ya no ocultan su hastío ante el inesperado protagonismo
internacional del territorio meridional belga, gobernado por el Partido
Socialista.
"El mundo sabe hoy que el problema de Bélgica es que se trata, en
realidad, de dos países", señaló en su perfil de la red social Twitter
el ministro flamenco de Movilidad, Ben Weyts, al calor del veto
francófono.
Las críticas contra los socialistas valones, que no forman parte de
la coalición del Gobierno federal, llegan incluso desde el propio
ministro de Asuntos Exteriores, Didier Reynders, quien no ha dudado en
afirmar que el CETA ya ha sido firmado por "27,6 Estados", en referencia
al apoyo que recibe de los flamencos y también de la pequeña comunidad
germanófona del este de Bélgica.
Pero, ¿a qué se debe la oposición de este pequeño territorio, que
supone el 55 % de toda Bélgica y acoge a 3,5 millones de habitantes?
En primer lugar, preocupan las consecuencias para el sector primario,
tal y como reconoció a Efe el presidente de la Federación Valona de
Agricultura, Joseph Pompier, para quien el campo no puede ser "la moneda
de cambio" del tratado con Canadá.
A este líder agrícola le inquieta que el CETA pueda permitir el uso
de hormonas y medicamentos en los animales para el consumo humano, la
llegada del cultivo de transgénicos o la desaparición de las
denominaciones de origen que reconocen, entre otros, el queso de vaca
Herve.
Tampoco se mostró convencido de que las exportaciones de carne y leche a Canadá fueran a aumentar tras la firma del CETA.
"Desde 1990 ha desaparecido más de la mitad de los productores
agrícolas en Valonia", lamentó Pompier, para quien es necesario
garantizar las normas de salud antes de aprobar el acuerdo.
Desde la Federación General del Trabajo de Bélgica (FGTB), el
sindicalista experto en el tratado UE-Canadá Bruno Poncelet consideró
que incluir la normativa de salud en los anexos con el objetivo de
tratarla en una "futura negociación" supone una "carta blanca" para una
hipotética convergencia entre las reglas comunitarias y canadienses.
Asimismo, Poncelet alertó sobre las posibilidades de deslocalización
de las multinacionales y de los peligros que suponen los tribunales de
arbitraje, tesis que también ha defendido durante los últimos días el
ministro-presidente de Valonia, Paul Magnette.
"Cuanto mayores son los estándares sociales, medioambientales y
fiscales de un país, mayor es el riesgo de que se convierta en un
desierto económico", recalcó el sindicalista.
Los recelos valones sobre el CETA también se dejan notar entre los obreros industriales, aunque no tanto sus mandos.
Si bien durante años Valonia representó el centro económico de
Bélgica gracias a industrias pesadas como la siderurgia y el carbón,
tras la II Guerra Mundial comenzó la decadencia del sector y de la
propia región, en beneficio de la más diversificada Flandes.
No en vano Valonia registró una tasa de paro del 10,6 % durante el
segundo trimestre de 2016, mientras que en la zona flamenca se situó en
el 4,9 %.
"La globalización ha supuesto más perjuicios que beneficios para las
industrias tradicionales de Valonia, por lo que hay miedo a abrirse al
mundo", indicó el director del departamento económico de la Unión
Valona de Empresas, Didier Paquot.
Paquot que, al igual que su organización, es favorable al CETA,
reconoció que en las últimas décadas se han invertido grandes cantidades
de dinero para proteger sectores que ya no son competitivos y que, por
tanto, la revolución tecnológica se ha retrasado frente al resto de
Europa.
Sin embargo, admitió que en los últimos tiempos se ha detectado "un
inicio de reconversión" con la llegada al sur belga de empresas
biotecnológicas y farmacéuticas, incluida la división de vacunas de la
británica GSK, que en su planta de Rixensart emplea a 9.000 personas.
Como aspectos positivos del CETA, Paquot destacó la creación de
empleo, la llegada de inversiones al territorio y el levantamiento de
los derechos aduaneros que, en su opinión, beneficiará especialmente a
Europa.
"Se tiene la impresión de que los productos canadienses van a invadir
la región, pero lo cierto es que la carne del país norteamericano
vendida aquí es mínima", concluyó Paquot.
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