NUEVA YORK.- El
gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, rechazó hoy medidas
de austeridad que perjudiquen a la población y pidió que se mantengan
todas las ayudas federales, durante su presentación ante la Junta de
Supervisión del plan a 10 años para la economía de la isla.
García Padilla compareció en Nueva York ante los siete
miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad que creó la
Ley Promesa aprobada por el Congreso en Washington para decidir la
política fiscal y la deuda de Puerto Rico.
El jefe del Ejecutivo puertorriqueño entregó un plan fiscal
-documento de más de 50 páginas- a la JSF que incluye siete puntos que
deben ser la base para garantizar que se apliquen medidas de austeridad
que no perjudiquen el crecimiento económico de la isla.
"El coste de la crisis no deben pagarlo los estudiantes de
la Universidad de Puerto Rico", dijo García Padilla a los miembros de la
JSF, entidad que los próximos años se superpondrá al Ejecutivo local,
que deberá dar cuenta de las medidas fiscales y financieras que adopte.
García Padilla resaltó que a pesar de que el Ejecutivo y los
acreedores se pongan de acuerdo para la reestructuración de la deuda,
seguirá siendo necesario el apoyo del Gobierno federal para evitar lo
que, según catalogó, puede ser una crisis humanitaria ante la falta de
fondos para pagar a los acreedores y prestar a la vez servicios básicos a
la población.
Dijo que es necesaria la igualdad con el resto de los
territorios de Estados Unidos en los fondos federales de Medicaid para
personas con bajos ingresos.
El plan se basa en siete puntos que tratan de asegurar que
las políticas de austeridad no perjudican la inversión, necesaria para
mantener el crecimiento económico, por lo que pretende mantener la
disciplina presupuestaria, la transparencia de las cuentas públicas y a
la vez incentivar el crecimiento económico, para lo que se pide que
sigan fluyendo fondos federales desde Washington.
El plan urge a que la JSF negocie con los acreedores, que
gracias a la Ley Promesa temporalmente no recibirán por parte del
Gobierno de la isla los pagos correspondientes a los vencimientos de
deuda.
El plan advierte de que a finales de 2017 termina el flujo
de los 1.200 millones de dólares que cada año se destinan a la isla a
través de fondos por Medicaid, lo que crea ya incertidumbre.
García Padilla dijo que, según algunas proyecciones, si se
perdieran las actuales ayudas federales para salud la deuda de Puerto
Rico en 10 años puede ascender a 59.000 millones de dólares.
La ley Promesa fue aprobada ante la imposibilidad de que
Puerto Rico de afrontar los vencimientos inmediatos de una deuda
superior a 60.000 millones y establece el aplazamiento durante meses del
pago a los acreedores, aunque a cambio instaura una Junta de
Supervisión Fiscal que se sobrepone al Gobierno local.
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