lunes, 24 de octubre de 2016

El retorno de la inflación / Álvaro Anchuelo *

Las tasas de inflación positivas parecen, por fin, haber vuelto a la vida. Son numerosos los indicios estadísticos, aparecidos en las últimas semanas, que apuntan unánimemente en la misma dirección. En España, el crecimiento del IPC ha repuntado hasta un 0,2% interanual en septiembre, una cifra que supera en tres décimas la registrada el mes anterior. Aunque sea una tasa pequeña, se trata de la primera que tiene signo positivo en 14 meses. Esto consolida la tendencia ascendente iniciada hace meses, con tasas cada vez menos negativas desde abril. Restando la variación de los componentes más volátiles (la energía y los alimentos no elaborados) la inflación subyacente es aún más positiva y está en el 0,8%.

En la zona del euro, la inflación en septiembre (también positiva) ha sido del 0,4%, su valor máximo en los últimos dos años. La inflación subyacente se mantiene en el 0.8%. En Estados Unidos, el retorno de la inflación está más avanzado, como corresponde a la fase del ciclo postcrisis que allí se vive. Los precios subieron en agosto dos décimas, elevando la tasa de inflación interanual hasta el 1,1%. La inflación subyacente asciende al 2,3%. De hecho, este renacer de las tensiones inflacionistas es uno de los principales argumentos que puede decidir a la Reserva Federal a subir pronto el tipo de interés.

Parece, además, que estas tasas de inflación positivas han vuelto para quedarse. Las diversas previsiones sitúan la inflación española para 2017 entre el 1% y el 1,7%, niveles que no se veían desde finales de 2013. Las expectativas implícitas de inflación en Alemania, que se derivan de la rentabilidad de sus bonos a distintos plazos, han aumentado fuertemente desde el verano. Entidades como Morgan Stanley predicen un rebrote de la inflación en la zona del euro a finales de año. La previsión actual para la eurozona en 2017 es del 1%.

El retorno de la inflación obedece a las mismas causas que el declinar anterior: fundamentalmente, a la evolución del precio del petróleo. En enero de este año, el petróleo (que venía de precios por barril superiores a los 100 dólares) cotizó a unos valores mínimos cercanos a los 27 dólares. Esto explicó, en gran medida, las tasas de inflación negativas. Hoy, la cotización del petróleo supera confortablemente los 50 dólares. Dicho de otra forma, en los últimos diez meses el precio del petróleo se ha duplicado. Una subida que los países productores intentan prolongar, mediante algún tipo de acuerdo que limite la producción.

Lo anterior es coherente con los componentes del IPC que han empujado el repunte de la inflación en España. Destacan entre ellos aspectos relacionados con el coste de la energía, como el transporte, los carburantes, la electricidad, el gasóleo para calefacción de la vivienda…

Otro de los factores que se suele citar como causante de la caída de los precios en Occidente ha sido la globalización, en particular la mayor competencia de productos chinos importados baratos. Pues bien, puede que ese gran exportador de inflaciones negativas que sido China está dejando de serlo. Los precios de producción chinos crecieron inesperadamente en septiembre, sólo un 0.1%, pero por primera vez en 55 meses. Los precios al consumo también repuntaron en China por encima de lo esperado, hasta el 1,9%.

Si la inflación ha vuelto y va a quedarse, las consecuencias sociales serán importantes. Por ceñirnos a las más obvias, dentro de un asunto tan amplio: con precios al alza, las congelaciones salariales implicarán pérdidas cada vez más claras de poder adquisitivo para los trabajadores que las sufran. Lo mismo puede decirse de las pensiones que cobran nueve millones de jubilados en nuestro país. Subidas nominales del 0.25% generarán mayores resistencias en un contexto inflacionario. A menos que se diseñen políticas que mitiguen estos efectos, la siguiente variable inflacionaria puede ser la conflictividad social. Al fin y al cabo, una de las formas de ver la inflación (la de Milton Friedman) es como un impuesto que no requiere legislación.


(*) Catedrático de Economía Aplicada, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid


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