ROMA.- Con el aplazamiento del dictamen de la
Comisión Europea (CE) sobre el presupuesto de Italia para 2017, los
partidarios de la reforma constitucional tienen hoy el camino más
despejado hacia el referendo del 4 de diciembre.
De acuerdo con el procedimiento dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la Unión Europea (UE), la CE debía comunicar la víspera los resultados de su evaluación de los proyectos de presupuesto, tras varias semanas de forcejeo con los gobiernos de los países miembros del esquema regional de integración.
Lo que hizo, sin embargo, fue un llamado a respetar las normas del PEC sobre política fiscal para asegurar la estabilidad económica, con menciones de casos específicos en peligro de incumplirlas, y anunciar un análisis más profundo a principios de 2017.
Significa en la práctica evitar la confrontación con gobiernos de países en problemas para mantener sus respectivos déficits presupuestarios en los límites fijados por las regulaciones del PEC, los cuales se verían obligados a efectuar recortes en gastos previstos, especialmente en el sector público.
Respecto a Italia, la controversia gira en torno al déficit fiscal de 2,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el próximo año, superior al 1,8 acordado con la CE en mayo último.
El gobierno encabezado por el primer ministro Matteo Renzi logró una flexibilización de 13 mil 600 millones de euros por encima del margen establecido para 2016.
La suma autorizada por la CE se destinó a cuatro aspectos: reforma económica, inversiones en infraestructura, gestión de la crisis de refugiados y seguridad.
Al acceder a la solicitud de flexibilización, en aquel momento, la CE demandó de Italia 'un compromiso claro y creíble' de cara a 2017 para mantener el déficit por debajo de 1,8 por ciento del PIB.
Esa cifra fue revisada con posterioridad por el gobierno italiano teniendo en cuenta los gastos imprevistos en los cuales incurrió y seguirá incurriendo para enfrentar las emergencias generadas por los terremotos más recientes que devastaron la región central del país y el creciente flujo migratorio.
Ante la imposibilidad de pedir una nueva flexibilización, el Gobierno argumentó que las erogaciones por los sismas y la inmigración eran gastos en circunstancias excepcionales, a los cuales se les da un tratamiento especial según las normas de la CE.
Los máximos dirigentes del organismo regional se mostraron dispuestos a autorizar un incremento del déficit previsto para el próximo año, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la necesidad de apuntalar la estabilidad del país y la campaña a favor de la reforma constitucional, pero dentro de las normas y procedimientos establecidos.
Las negociaciones de las últimas semanas tanto en Roma como en Bruselas estuvieron acompañadas de fuertes críticas de parte del gobierno italiano a la UE por los efectos negativos de la aplicación de la política de austeridad y la falta de apoyo en la gestión de la crisis migratoria.
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