miércoles, 30 de noviembre de 2016

La Comisión Europea lanza su hoja de ruta eléctrica para cumplir con París

BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) presentó hoy una propuesta legislativa sobre eficiencia energética, renovables y mercados eléctricos que la Unión Europea (UE) deberá aplicar entre 2020 y 2030 para cumplir con sus compromisos climáticos del Acuerdo de París.

"Insuficiente" para las organizaciones ecologistas y "ambicioso" para el Ejecutivo comunitario, el arsenal de textos legales buscan reducir en 2030 un 40 % las emisiones contaminantes respecto a 1990, garantizar que al menos el 27 % del consumo energético de los Veintiocho proviene de energías renovables y mejorar en un 30 % la eficiencia energética.
Las propuestas, repartidas en un millar de folios que tendrán que aprobar el Parlamento Europeo y el Consejo, no fijan objetivos nacionales, sino solo comunitarios, y requerirán una inversión anual de 379.000 millones de euros a partir de 2021, según el comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete.
El espíritu de la iniciativa pasa por lograr una simplificación administrativa desde la factura de la luz que llega al hogar hasta en el marco regulador para los inversores, y busca también abaratar el precio de la electricidad, un 30 % más caro en la UE que en Estados Unidos.
El primer pilar del llamado "paquete de invierno" es la energía renovable, un sector que emplea a un millón de personas en la UE, genera 144.000 millones de euros al año, y en el que Bruselas espera se creen 900.000 empleos adicionales.
La cuota de renovables de la UE en 2014 fue del 16 %, es decir, casi el doble que en 2004 (8,5%) pero lejos aún del objetivo del 20 % para 2020.
"Las inversiones en renovables han caído en la UE más de la mitad desde 2011", destacó Arias Cañete en la presentación de una reforma que propone blindar la financiación en energías verdes para que los Estados no puedan tocar esos proyectos en tiempos de flaqueza económica.
Según Bruselas, el impulso a ese sector entre 2020 y 2030 reducirá las importaciones de hidrocarburos en 60.000 millones de euros al año, un volumen que representa el PIB de Luxemburgo y hará a la UE algo menos dependiente en un recurso de gran influencia geopolítica.
Sin embargo, las organizaciones ecologistas critican que la CE termine con el acceso prioritario de las energías limpias a la red o que valide los llamados "mecanismos de capacidad", que entienden como un subsidio encubierto a las energías fósiles.
Estos consisten en plantas convencionales de generación termoeléctrica, por ejemplo, que permanecen "de guardia" para evitar apagones en caso de que no alcance con las renovables, que dependen del sol, las lluvias o el viento.
Otro de los puntos clave de la propuesta son los consumidores, que pasan a ser un "actor activo" del mercado y obtendrán facilidades para cambiar de proveedor, ajustar su consumo a las oscilaciones de los precios o producir su propia electricidad y volcar a la red el excedente energético a un precio "justo".
Además, quienes produzcan anualmente hasta 10 MWh, en el caso de los hogares, y hasta 500 MWh, en el de las empresas, no se considerarán productores de energía y por tanto tendrán un trato diferenciado, de forma que algunos países tendrán que modificar su legislación, como el caso de España con el llamado "impuesto al sol".
La iniciativa comunitaria quiere favorecer también las interconexiones eléctricas, con el objetivo de que el 15 % de la energía de la UE pueda ser transportada a otros Estados miembros.
Por último, la CE quiere hacer un esfuerzo en la mejora de la eficiencia energética, en un 30 % en 2030, y no en el mínimo del 27 %, situando como gran pilar de su política la renovación y adaptación de los edificios, que representan el 40 % del total de la energía consumida en Europa.
Para ayudar a financiarlo, la Comisión se apoyará en el Banco Europeo de Inversiones a través de una nueva plataforma que aspira a "desbloquear 10.000 millones de inversión pública y privada hasta 2020".

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