SAO PAULO.- La banca
pública brasileña, concentrada en Banco do Brasil y Caixa Económica
Federal, ha iniciado un proceso de desmantelamiento que incluye cierre
de oficinas y reducción de personal, obligada por la digitalización y un
cambio de principios que pone en peligro su ya casi olvidada vocación
social.
Banco do Brasil, la mayor institución financiera del país,
anunció esta semana un plan de despidos voluntarios con la intención de
jubilar anticipadamente a 18.000 de sus 109.159 trabajadores y su
perspectiva más optimista es que se acogerán a él algo más de la mitad.
La reestructuración es aún más profunda porque, en un
comunicado enviado al mercado, el banco informó además que prevé el
cierre de 402 oficinas, la transformación de otras 379 en puestos de
atención automática y la eliminación de 31 superintendencias en diversos
municipios.
Por otro lado, fuentes de la Caixa Económica Federal
confirmaron que la entidad estudia un proyecto parecido, aunque a
menor escala, que podría afectar a 11.000 trabajadores y al cierre de al
menos 100 agencias, aunque hasta finales de año no se pronunciarán
oficialmente.
Estos ajustes poco tienen que ver con la profunda crisis
económica que atraviesa el país, pues Banco do Brasil obtuvo un
beneficio neto de 3.645 millones de dólares en 2015, un 28 % sobre el
año anterior, mientras que las ganancias de Caixa Económica Federal
crecieron un 0,9 % hasta los 1.895 millones de dólares.
Se trata de algo más profundo que atañe directamente a su
fundamento como banca pública: la transformación en entidades
financieras de facto, olvidando su concepto social, y la relevancia que
ha tomado para ellos un proceso de digitalización que avanza imparable.
Hace años, con un papel más político que comercial, Banco do
Brasil se propuso tener una oficina en cada municipio con un mínimo de
habitantes para dar servicio a las comunidades agrícolas del interior
del país.
"Y eso no es viable económicamente", dijo el profesor
Fernando Meirelles, especialista del sector bancario de la Fundación
Getulio Vargas.
El número de agencias de Banco do Brasil creció hasta hace
dos años, cuando comenzó a descender hasta sumar en el cierre de 2015 un
total de 5.429, un número aun así muy por encima de la competencia.
El Itaú-Unibanco, el privado más importante de Brasil, tiene
3.788 y la Caixa Económica Federal acumula 3.404, según datos de la
Federación Brasileñas de Bancos (Febraban).
Sin embargo, Meirelles aprecia que Banco do Brasil tiene
"hoy un papel muy poco social, es un banco normal" y además "ya no es el
único que realiza financiamiento agrícola".
Paralelamente, el fenómeno de la digitalización sigue
creciendo porque a pesar de que "aumenta el número de clientes y de
transacciones", disminuyen las operaciones en las oficinas.
El presidente de Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, explicó
esta semana que el porcentaje de operaciones realizadas por Internet o
dispositivos móviles subió desde el 59,3 % del total de transacciones
bancarias en septiembre de 2015 hasta el 67,2 % en septiembre de este
año.
Pero, ¿qué pasará con ese tercio de la población que aún no
utiliza internet? Es el punto que denuncia Wagner Nascimento,
coordinador de la Comisión de Empresa de Banco do Brasil del sindicato
bancario Contraf-CUT.
"Es un movimiento de desmonte porque si reduces la
participación del banco principalmente en agencias menores, reduces la
participación en el interior del país y en cierta manera, dejas de
atender las políticas públicas", dijo Nascimento.
En su opinión, este plan tiene "un impacto" en el acceso al
crédito para la pequeña empresa y el productor agrícola, quienes veían a
Banco do Brasil "como alguien a quien recurrir" en cualquier momento.
No obstante, Meirelles apunta que en pequeñas localidades
tiene más sentido la figura de los corresponsales bancarios y otro tipo
de servicios como los que presten las estafetas de la lotería, que tener
una oficina.
Los movimientos indican que la lógica funcional de la banca
pública brasileña ha cambiado, no en vano el Banco do Brasil informó
antes a los mercados de su plan de ajuste que a sus propios
trabajadores, que se enteraron por la prensa.
"Ellos (los sindicatos) creen que el banco público tiene que
tener una función social, pero los accionistas no creen eso. Ya no se
puede hablar de la función social de un banco", sentencia el profesor
Meirelles.
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